Confirman las condenas a dos exgerentes de Ford por delitos de lesa humanidad

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a dos exgerentes de Ford Motor Argentina, Héctor Sibilla y Pedro Müller, por delitos cometidos en la última dictadura cívico militar contra 24 trabajadores de la empresa.

La condena a 12 y 10 años de prisión respectivamente, que se dictó en 2018,  fue la primera impuesta en Argentina a altos funcionarios de una empresa multinacional durante el terrorismo de Estado. En ese juicio histórico también fue condenado el exmilitar Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, quien recibió 15 años de prisión.

En los años de la dictadura cívico militar, Müller fue gerente de Manufactura de Ford Motor Argentina y Sibilla fue el jefe de Seguridad. Ambos fueron considerados partícipes necesarios de los secuestros y tormentos que sufrieron trabajadores y delegados.

La mayoría de las víctimas fueron secuestradas en sus puestos de trabajo. El tribunal oral comprobó —y ahora Casación ratifica— que los recursos logísticos y materiales de la empresa fueron indispensables para esos crímenes. También se verificó que algunos de los trabajadores fueron retenidos cautivos y torturados en un quincho recreativo dentro de la planta que funcionó como CCD.

La Cámara confirmó la sentencia con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, mientras que Guillermo Yacobucci sólo convalidó la sentencia contra Sibilla. Los tres jueces confirmaron la sentencia del multicondenado Riveros.

El fallo llega luego de varios meses de demoras injustificadas. En febrero de 2021, el expediente ya estaba en condiciones de ser resuelto y se dilató a pesar de los reclamos realizados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las propias víctimas.

En ese lapso, falleció una de las víctimas e impulsores de la búsqueda por memoria, verdad y justicia, el extrabajador y delegado de Ford Motor Argentina Pedro Troiani, quien producto de estas demoras no llegó a ver firme la sentencia a sus victimarios.

Los crímenes padecidos por trabajadores y trabajadoras de Ford, así como la falta de una respuesta judicial adecuada, también fueron constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que la demora comprometía la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Secuestrados

Veinticuatro trabajadores de la Ford fueron secuestrados después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A 17 de ellos los privaron ilegalmente de la libertad dentro de la propia fábrica y a nueve de ellos los tuvieron cautivos en un quincho que fue usado como centro de detención y tortura.

Müller, actualmente de 90 años, integró entre abril de 1974 y abril de 1978 el directorio de la Ford. En la práctica, era el número dos de la compañía y se convertía en el número uno cuando el presidente, Juan Courard, estaba de licencia. Eso sucedió en, al menos, tres oportunidades durante 1976, cuando se produjeron los 24 secuestros que investigó la justicia federal de San Martín.

Sibilla, que actualmente tiene 95 años, se presentó en las apelaciones casi como un testigo de la “ocupación militar” de la fábrica. Pero él era el jefe de Seguridad de la planta y, además, conocía por dentro la estructura castrense, ya que había ingresado en 1946 en el Ejército y pasado a retiro en 1962 con el grado de mayor. Al año siguiente, se incorporó a la empresa Organización de Protección Industrial (ORPI), que ofrecía seguridad a la Ford de manera tercerizada. En julio de 1976, mientras estaba en pleno auge la represión a los obreros de la automotriz, Sibilla fue ascendido a teniente coronel. Para 2004, prestaba servicios en la embajada de los Estados Unidos.

“Se pudo comprobar la crisis económica que había padecido el sector automotriz desde principios de la década del ’70, de la cual esta empresa no fue ajena, aunada a la activa organización gremial de los trabajadores de planta durante los años 1975 y 1976; así a partir del 24 de marzo de 1976 Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, escribió Slokar en su voto.

«La firma y sus altos directivos no sólo conocían y colaboraban con las fuerzas ejecutoras del terrorismo estatal, sino que realizaron un aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una política de disciplinamiento que favoreciera los niveles de producción», añadió Slokar.

«En ese orden, indicaron las víctimas que pusieron a disposición un sector donde funcionó el centro clandestino de detención dentro de la propia planta y facilitaron insumos, espacios y camionetas de la misma empresa para el traslado de las víctimas -atadas y encapuchadas- desde sus domicilios hacia sus instalaciones u otros centros de detención, además de suministrar unidades sin patentamiento y documentación pertinente de los vehículos automotores modelo Falcon de la marca, ícono en el accionar represivo clandestino de la última dictadura cívico-militar”.

Responsabilidad empresaria

La confirmación de las condenas contra Müller y Sibilla marca un nuevo hito en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, ya que el capítulo sobre los responsables empresariales de estos delitos es el que más resistencias y demoras judiciales acarrea. Los testimonios sobre lo ocurrido en la Ford comenzaron a brindarse desde el regreso de la democracia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Las denuncias se reiteraron durante los juicios por la verdad y recién fueron ventilados ante un tribunal oral a partir de diciembre de 2017.

Marcos Levín fue el primer empresario en ser condenado por delitos de lesa humanidad en calidad de dueño de La Veloz del Norte, una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede en Tucumán. La condena fue en marzo de 2016, pero, al año siguiente, la Cámara Federal de Casación la revirtió. La Corte Suprema todavía no revisó la situación de Levín, aunque en una causa derivada ordenó que se lo siguiera investigando. En el caso de Ford, no sólo los dos ejecutivos están condenados, sino que esa sentencia fue confirmada por el máximo tribunal penal del país.

En los últimos tiempos se registró un avance también después de mucha espera: la Corte Suprema dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación había beneficiado a Carlos Pedro Tadeo Blaquier por los secuestros producidos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma. El mes pasado fue finalmente elevado a juicio.

En Tucumán, hubo procesamientos por los crímenes en el ingenio La Fronterita y en Norwinco. En marzo del año pasado, procesaron a dos ejecutivos de la siderúrgica Acindar, desde cuyo directorio saltó José Martínez de Hoz al ministerio de Economía de la dictadura.

A contramano, la Cámara Federal de Casación absolvió a los hermanos Julio y Emilio Méndez que cedieron la chacra donde estuvo secuestrado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que defendía a los trabajadores de Loma Negra.

Según estimaciones de la PCCH, son alrededor de 30 las causas de responsabilidad empresarial con crímenes de lesa humanidad. El avance en ellas es desigual: hay algunas en las que los jueces jamás respondieron los pedidos de indagatorias, otras en las que los acusados civiles murieron o fueron separados del proceso y otras que están en pleno trámite.

Con Página/12