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La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y que en la disputa favorece a San Juan. Se trata de un histórico conflicto limítrofe entre ambas provincias que de este modo se reavivó. El trasfondo de la pelea incluye la explotación de recursos turísticos y mineros.
El argumento de las autoridades riojanas para sostener la nulidad de esa antigua ley es que aquella delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación y en perjuicio de su territorio provincial.
Ahora, la nueva legislación riojana estableció la creación de la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial e instruye a la Fiscalía de Estado de La Rioja a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El objetivo judicial inmediato es solicitar medidas cautelares que impidan el avance de actividades o la explotación de recursos en las zonas en discusión hasta que el tribunal resuelva el fondo de la controversia.
Por su parte, el Poder Ejecutivo de San Juan rechazó la validez de la ley riojana y sostuvo que los límites geográficos de su provincia están consolidados legalmente. Las autoridades sanjuaninas manifestaron que las fronteras interprovinciales no pueden modificarse de forma unilateral mediante normativas locales, ya que cualquier alteración territorial requiere la intervención y aprobación del Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución Argentina.
El gobierno de San Juan convocó a los diferentes sectores políticos locales para coordinar la estrategia jurídica de defensa y adelantó que responderá formalmente ante las instancias judiciales correspondientes para mantener el control de las áreas cuestionadas.
La disputa
La pulseada se remonta a 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, cuando se sancionó la ley 18.004, que fijó los límites interprovinciales de las dos jurisdicciones. Esa medida fue refrendada luego, ya en democracia, por el Congreso Nacional.
Esa normativa determinó que territorios como el cerro El Potro -donde hoy se desarrolla el proyecto Josemaría, parte del complejo Vicuña- y el Valle de la Luna pasaran a formar parte de San Juan.
En abril pasado, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que ordenó la paralización de las actividades del emprendimiento Vicuña por 30 días y prohibió el uso de rutas y caminos en territorio riojano.
La medida fue celebrada por el gobernador riojano Ricardo Quintela como un espaldarazo a su posición. Sin embargo Quintela se reunió luego con las autoridades del emprendimiento minero Vicuña, llegaron a un acuerdo y la ruta fue reabierta, algo que se mantiene actualmente.
En un nuevo capítulo y, cuando parecía que las aguas se habían calmado, Quintela sorprendió al enviar el proyecto a la Legislatura de La Rioja, que terminó aprobando la iniciativa que «reafirma los derechos de la provincia de La Rioja sobre los territorios existentes bajo sus dominios» y faculta a la provincia a avanzar con distintas acciones. La iniciativa, contó con apoyo mayoritario de los bloques, a excepción de La Libertad Avanza (LLA), que se abstuvo.
La zona bajo disputa se extiende desde el Cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna. El área afectada reviste una importancia estratégica sustancial para ambas economías debido a dos factores principales: el turismo y la minería de alta montaña.
Por un lado, el reclamo riojano comprende sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, un territorio administrado por San Juan que cuenta con la declaración de Patrimonio de la Humanidad y recibe un flujo continuo de turismo internacional.
Por otro lado, la traza pretendida alcanza a los yacimientos mineros de Gualcamayo y áreas de influencia del Proyecto Vicuña, una serie de emprendimientos de cobre y oro en la cordillera que representan inversiones multimillonarias para la provincia de San Juan.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, emitió un duro comunicado a través de las redes sociales en el que aseguró: «No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro».
«Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia», lanzó Orrego en una publicación en X.
Al tratarse de un diferendo entre dos Estados provinciales, la resolución final de la frontera común dependerá de los acuerdos políticos que se logren en el Congreso de la Nación o, en su defecto, del fallo definitivo que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuentes: NA / Tiempo de San Juan
