Un grupo compuesto por once bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados, que reúne a más de 140 legisladores, impulsa un proyecto de ley para blindar el financiamiento de las obras de integración socio-urbana hasta el año 2036. La iniciativa, promovida por la Mesa de Barrios Populares, busca quedar contemplada en el marco de las discusiones del Presupuesto 2027 e involucra a espacios como la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Provincias Unidas, entre otros.
La propuesta legislativa pretende normar un esquema de asignación presupuestaria progresiva para evitar que la ejecución de obras básicas de infraestructura, provisión de servicios y regularización dominial quede supeditada a las decisiones coyunturales de las distintas administraciones nacionales.
Reclamos territoriales y respaldo sindical
Representantes de diversos sectores comunitarios valoraron el consenso legislativo alcanzado y remarcaron la necesidad de que los recursos lleguen de manera efectiva a asentamientos con postergaciones históricas, citando como ejemplo las demandas de infraestructura y saneamiento ambiental en los barrios El Cementerio y Puerto, ubicados en el partido bonaerense de San Pedro.
En tanto, desde la Junta Interna de ATE en las áreas de Infraestructura, Hábitat y Vivienda expresaron su respaldo a la articulación entre las organizaciones sociales y las bancadas nacionales. Destacaron que el proyecto representa la posibilidad de consolidar una política pública de Estado con respaldo financiero continuo para el desarrollo urbano de las zonas vulnerables.