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La oposición al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski consiguió ayer luz verde para iniciar el proceso de destitución del mandatario luego de conocerse su implicancia en el escándalo Lava Jato. Con 93 votos a favor (bastaban 48) y 17 en contra, los parlamentarios aprobaron la moción para remover de su cargo a Kuczynski. El día clave será el jueves 21 de diciembre cuando se defina si el mandatario será o no depuesto.
La crisis política se desató al revelarse que Kuczynski, de 79 años, recibió pagos por 782 mil dólares entre 2004 y 2006, de parte de la constructora brasileña Odebrecht, en concepto de consultoría. En esos años, Kuczynski era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Justamente, Toledo está hoy prófugo junto a su esposa acusados de haber cobrado 20 millones de dólares de Odebrecht.
Kuczynski habló al país el jueves para ratificar su inocencia, en un discurso que no convenció a nadie y aceleró los tiempos. Si bien manifestó su intención de ponerse a disposición de la Justicia y declarar ante la fiscalía, los opositores juntaron en la tarde de ayer los 26 votos necesarios para poder tratar en el Congreso lo que la Constitución peruana define como “vacancia presidencial”. A última hora, los votos de la fujimorista Fuerza Popular, junto al Apra y el Frente Amplio, más otros bloques minoritarios, superaron con holgura el trámite para que el próximo jueves se decida la continuidad del presidente.
De cara a la trascendental sesión del 21 de diciembre ya conformaron su presencia bloques que suman 96 diputados, tres más que los que votaron a favor del impeachment. Y nueve más que el mínimo necesario de 87, sobe un total de 130 bancas, para que se apruebe la destitución. Si se consuma la salida de Kuczynski, con mandato hasta 2021, lo reemplazará el vicepresidente Martín Vizcarra. El presidente sólo cuenta con 18 legisladores propios.
«Es evidente que su permanencia en el máximo cargo de la Nación es insostenible a raíz de las pruebas concretas de actos de corrupción que la Comisión Lava Jato le ha mostrado al Perú», dijo Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, el partido que conduce Keiko Fujimori, la hija de Alberto, el ex presidente condenado por delitos de lesa humanidad.
Kuczynski había declarado por escrito ante la comisión parlamentaria que preside la fujimorista Rosa Bartra, y allí negó cualquier vínculo con Odebrecht. Lo cual quedó en entredicho cuando, en el marco de la megacausa Lava Jato,la constructora confirmó los pagos a Westield Capital, la consultora del presidente, de la que alegó estar desvinculado cuando se produjeron los pagos. De allí que Kuczynski pidiera el levantamiento del secreto bancario sobre sus cuentas.
La revelación de los pagos de Odebrecht cayó como un baldazo de agua fría en momentos en que arreciaba la ofensiva judicial contra Fuerza Popular, el partido del fujimorismo. La acusación de una doble contabilidad en las cuentas del partido había puesto en el centro de la atención a Keiko Fujimori, cuya bancada domina el Congreso. La dos veces candidata presidencial rechazó las acusaciones y pasó a la ofensiva cuando se reveló el pago de dinero a a la empresa de Kuczynski. Ahora, el que está contras las cuerdas es el mandatario de 79 años, quien tendrá una hora para hacer su alegato el jueves, o bien enviar a su abogado, antes de la votación.
Con todo, sectores antifujimoristas convocaron para este sábado en Lima a una marcha en repudio. “Nos hartamos del abuso de la mafia fujimorista enquistada en el Legislativo destrozando las instituciones y desestabilizando al país. El fujimorismo quiere blindar a su mafia desde los poderes del estado y no lo vamos a permitir”, asegura la convocatoria que circula por las redes sociales.
Hamilton Castro, el fiscal anticorrupción que lleva el caso Lava Jato, tiene previsto interrogar a Kuczynski el mismo 21 de diciembre, de forma reservada, sobre los pagos a Westfield Capital. Al día siguiente, a Kuczynski le tocará hacerlo ante la comisión investigadora del Congreso. Podría hacerlo como presidente depuesto.
Página|12
