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La reciente renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec ha puesto en el centro del debate una advertencia que el bloque Convicción Federal sostiene desde el año pasado: la presunta manipulación de estadísticas oficiales para ajustarlas al relato del Poder Ejecutivo Nacional.
El detonante de la crisis
El conflicto principal radica en la decisión del Gobierno de mantener la fórmula actual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), postergando la actualización de las ponderaciones de consumo que debía implementarse en enero. Según el bloque, esta negativa técnica fue lo que precipitó la dimisión de Lavagna.
Impacto en las provincias
La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, subrayó la gravedad de estas distorsiones para el interior del país:
- Invisibilización del costo de vida: Al subestimar el peso real de alimentos, transporte y servicios, se oculta el deterioro del poder adquisitivo.
- Afectación social: Las mediciones desfasadas impactan directamente en el cálculo de salarios, jubilaciones y programas sociales.
- Falla en las políticas públicas: Sin datos reales, las decisiones económicas del Gobierno no responden a las necesidades de la gente.
Agenda Legislativa
El bloque, integrado por Moisés y los senadores Rejal, Andrada, Mendoza y Salino, impulsa tres iniciativas clave para garantizar la transparencia:
- Proyecto de Declaración (1534/25): Para denunciar la postergación de la nueva metodología de medición.
- Proyecto de Ley (1571/25): Exige que el INDEC actualice la estructura de ponderaciones del IPC obligatoriamente cada diez años, reflejando así los cambios reales en el consumo de los hogares.
- Proyecto de Ley (1688/25): Centrado en optimizar la elaboración de estadísticas para la Canasta Básica Alimentaria y Total.
«El uso de parámetros desactualizados no solo daña la credibilidad de Argentina ante los mercados, sino que vulnera el derecho de la población a la información pública fidedigna».
