La rueda de prensa fue ofrecida este lunes en la sede de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), donde además de Peña estuvieron Matías Brizuela, de ATE-Jujuy; Natalia Morales, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), delegada despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar; José Del Frari, de Adiunju; Leonardo Rosales, del MTL-PC, y Hebert Lima, el Espacio de Participación Popular.
La convocatoria fue también a la adhesión al paro nacional de este miércoles, poniendo el foco en los despidos que se vienen produciendo en la provincia, como es el caso de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y otros cientos en los municipios del interior, que reciben amenazas de los funcionarios y el hostigamiento de la policía provincial.
En este sentido, Brizuela manifestó su preocupación: «No quiero dejar de mencionar que acá en la provincia, tanto en las reparticiones estatales nacionales, provinciales y municipales, se están produciendo despidos, y que hay compañeros que en el día de hoy nos plantean que tendrían continuidad hasta marzo y no se descarta que luego, lamentablemente, muchos compañeros queden sin trabajo”.
Sobre la modalidad del paro del próximo miércoles, aclaró que “las medidas de fuerza van a ser con movilización en la capital, y también hay compañeros que tienen casos particulares en distintos municipios y van a hacer la protesta dentro de los municipios”.
Lucía Castro, delegada despedida de la SAF, aseguró que el delegado provincial del organismo nacional, César Sánchez, les dijo «por teléfono que los despidos eran por cuestiones ideológicas”.
Detalló que en ese sector hubo 16 cesantías «de delegados gremiales elegidos democráticamente por los trabajadores y también de activistas políticos como el caso de Natalia Morales y de otros compañeros que han sido candidatos en las últimas elecciones», y destacó: «Somos trabajadores con muchos años de antigüedad, y no se nos hizo ninguna evaluación de desempeño, por lo tanto nadie puede afirmar que no trabajamos”.
Brizuela también se pronunció sobre el estado de las negociaciones paritarias con el gobierno provincial, y comentó que en una reunión mantenida el viernes con funcionarios provinciales, «no vimos muy positivas las decisiones del ministro de Trabajo, que sabemos que forma parte del gobierno como un empleado más, de que sea el ente mediador entre las partes en caso de los despidos que se están sucediendo». Por esta razón, piden «que se reconozcan las actas acuerdo de los años 2013 y 2014, y se garantice la estabilidad laboral».
Puerta abierta para la represión
Otro eje destacado en la conferencia de prensa fue el llamado de atención ante la avanzada del gobierno, tanto el nacional como el provincial, sobre los derechos democráticos fundamentales conquistados por los trabajadores y sectores populares durante años de lucha.
En este sentido, se planteó el rechazo al Código Contravencional que entró en vigencia este año en Jujuy el recientemente anunciado Protocolo de Seguridad, de aplicación nacional, por considerarlos a ambos inconstitucionales.
Volvieron a reclamar por la inmediata liberación de Milagro Sala, detenida por protestar, y denunciaron el accionar intimidatorio de la policía provincial ante los despedidos de la SAF, como también la preocupación por el control por parte del Poder Ejecutivo sobre la justicia de Jujuy, el desfinanciamiento a programas destinados a sostener los juicios de lesa humanidad y el cercenamiento de los derechos de los periodistas que cubran paros y movilizaciones que quieren imponer con el Protocolo de Seguridad, enumeró Inés Peña.
Brizuela advirtió que «están sacando leyes para cercenar el derecho a la protesta, sacando el Código Contravencional que tiene que ver con la Ley Antiterrorista», exigió la liberación de Milagro Sala, haciéndose eco de pronunciamientos de los plenarios de delegados, y denunció que «muchos compañeros son perseguidos y dirigentes sindicales amenazados”.
A su turno, Natalia Morales saludó la conformación del espacio: “Jujuy está siendo un laboratorio del ajuste y la criminalización de la protesta», alerto, y puso en ese contexto los despidos en la SAF, «que claramente tienen una connotación de persecución sindical y política».
En esa línea, denunció «la intromisión de la policía de Gerardo Morales en las oficinas de la SAF, con efectivos que se paran en la puerta con listados de los trabajadores para dejar pasar o no».
«Jujuy es la capital de la precarización laboral”, sentenció la dirigente, quien recordó además la expulsión del Seom de su compañero Alejandro Vilca.
Anunció que legisladores del PTS en el Frente de Izquierda presentarán proyectos de ley para derogar artículos anticonstitucionales del Código Penal y el inicio de una campaña democrática internacional contra el Protocolo de Seguridad, señalando que estas medidas represivas tienen como fundamento la Ley Antiterrorista que votó el kirchnerismo y que dejó más de 4000 trabajadores procesados por luchar.
En este sentido, Morales señaló, “gracias al Código Contravencional, que es un avasallamiento a los derechos democráticos elementales, Milagro Sala está presa por protestar, y entendemos que ahora es peor porque se está poniendo en práctica el Protocolo de Seguridad que significa un retroceso a leyes del gobierno de facto de Onganía como es el art 194 que impide protestar, manifestar, cortar rutas, vulnerando derechos internacionales…, estamos lanzando una campaña internacional para rechazar el protocolo de seguridad porque no podemos permitir que el gobierno avasalle nuestros derechos”.