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El Ministerio Público de la Defensa Penal apeló la resolución del juez penal, Pablo Pullén Llermanos que rechazó el hábeas corpus a favor de los detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial, por la crisis sanitaria y epidemiológica que se desencadenó por el Covid-19
La titular del organismo, Ivone Haquim presentó el recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones Penal.
Pullen Llermanos, que está habilitado como juez de ejecución de pena, fundamentó el rechazo señalando que la provincia no está en condiciones de garantizar a la justicia el seguro aislamiento de las personas que están privadas de la libertad y que constituirían un grupo de riesgo por el Coronavirus.
Resumió que “es mejor que estén en cualquier unidad carcelaria, que cumpliendo arresto domiciliario o en libertad asistida”.
Haquim pedía en el Habeas Corpus que se provea a través de diferentes condiciones la libertad asistida, condicional o adelantamiento de las penas a todos aquellos presos que estén en situación de vulnerabilidad sanitaria respecto al coronavirus.
Pedido al gobierno
El magistrado solicitó un informe al Ministro de Seguridad de la Provincia Ekel Meyer respecto de la cantidad de aparatos de monitoreo satelital con que contaría la Policía de la Provincia para su utilización inmediata, así como la cantidad de efectivos policiales necesarios por protocolo para el cumplimiento de las tareas de vigilancia en casos de privación de libertad bajo modalidad de arresto domiciliario, y la disponibilidad actual.
El funcionario respondió que “en la actualidad no cuenta con dispositivos electrónicos de monitoreo de personas, por encontrarse toda la existencia en utilización”.
En el informe a la justicia, Meyer aclaró que se necesitan tres efectivos policiales por domicilio para cubrir las 24 horas, pero que actualmente la fuerza policial no cuenta con capacidad operativa para realizar ningún servicio de custodia, en virtud de que el cien por ciento de los efectivos se encuentran abocados a tareas de prevención y seguridad en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, dictado por la presidencia de la Nación, a los fines de dar estricto cumplimiento con sus disposiciones, y evitar alteraciones del orden público”.
Aclaratoria del Superior Tribunal de Justicia
Ante esta situación, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Jenefes sacó un comunicado para aclarar trascendidos y publicaciones periodísticas con respecto a la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a personas privadas de su libertad en razón de la pandemia por Covid-19.
En el documento, aseguró que “corresponde determinar que los Tribunales competentes, entre ellos, las salas en lo Criminal, Juzgados de Ejecución Penal y la Cámara de Casación Penal, son los encargados de analizar cada una de las presentaciones realizadas en dicho sentido, resolviendo en consideración de cada situación particular.
Asimismo dijo que, es necesario, determinar que, el Superior Tribunal de Justicia, no resolverá de oficio sobre la situación de las personas privadas de su libertad de manera general o colectiva; en tanto, informar que este Poder Judicial en cada una de sus competencias, se encuentra cumpliendo funciones a los fines de asegurar los derechos y garantías de todos los ciudadanos, en el contexto de una pandemia que afecta a la población en general.
