Una mujer de 30 años y madre de dos hijos, que está presa hace ocho meses, será juzgada a partir de este lunes en la localidad correntina de Goya, acusada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía, tras tener un aborto espontáneo en su casa de la localidad de Esquina y de hallarse el feto enterrado en el patio familiar.
La defensa sostiene que la mujer «sufrió un parto domiciliario de un feto muerto» y asegura que se está «criminalizando un evento obstétrico».
«La Justicia es muy dura cuando la imputada es una mujer; la criminaliza, especialmente cuando está en estado de vulnerabilidad y se trata de mujeres pobres», dijo a Télam la abogada Natalia Ávalos, representante de Ana. Y advirtió que en estos casos «se revierte el principio de inocencia».
En apoyo de estas afirmaciones, la letrada mencionó algunas situaciones que se dieron en el marco de esta causa: «Pedimos el cese de la prisión preventiva y nos negaron; solicitamos la prisión domiciliaria y también nos fue negada, con el argumento de que podría haber un intento de fuga, cuando no tiene recursos para fugarse, es de condición muy humilde y nunca siquiera ha salido de la provincia».
Ana se dedicaba a hacer trabajos de limpieza. A su cuidado estaban sus dos hijos y sus hermanos menores. Los fines de semana hacía junto a su mamá comida casera para vender. «No tiene recursos para planificar una fuga, ni la intención», remarcó la abogada.
El 10 de noviembre de 2021, Ana tuvo lo que se denomina un “parto en avalancha”, es decir, un parto rápido que no dio tiempo a pedir ayuda. Rosana Fanjul, de la Comisión Libres las Queremos, que pertenece a la Campaña Nacional Nacional por el Derecho al Aborto, explicó que ese evento obstétrico implicó la interrupción no voluntaria del embarazo.
Cuando Ana aún estaba internada, sin comprender qué era lo que había pasado, el fiscal subrogante de la ciudad de Esquina, como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Mosquera, la imputó por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía”, bajo la sospecha de que la joven había matado a su hijo.
El juez de Garantías de la ciudad, Gustavo Vallejos, acompañó la decisión con una prisión preventiva por 180 días.
Días después, el feto fue hallado semienterrado en el patio. Ella fue detenida y desde entonces está alojada en la Comisaría de la Mujer de la localidad de Esquina.
Su abogada sostiene que «Ana estuvo en shock, muy afectada y no recuerda lo que pasó esa noche». Añadió que «estuvo muy mal, depresiva y con diversas crisis» y que ahora «está mejor» porque está recibiendo asistencia psicológica, aunque aclaró que «no aportada por el Estado, sino una particular que se debe pagar».
Sobre lo ocurrido el 10 de noviembre, Ávalos sostiene que el feto fue expulsado muerto y que no hay pruebas de lo contrario. Ni el informe de la autopsia ordenada por la Fiscalía ni la pericia de parte llegan a conclusiones definitivas. En suma, no se puede determinar si nació una persona viva o si el producto del parto fue un feto muerto, «lo que es fundamental para la carátula de la causa», indicó la abogada.
En este contexto, advirtió que «se revierte el principio de inocencia», porque «ante una leve sospecha, las mujeres deben probar que son inocentes».
Ana está presa por sufrir una emergencia obstétrica en su casa. Desde ese momento, fue condenada por el Poder Judicial y los medios de comunicación.
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Sobre el juicio que comienza este lunes y se extenderá hasta el viernes 5, la abogada defensora dijo tener «la esperanza de que la justicia reaccione, porque Ana es inocente de todo lo que se la acusa».
«La estigmatizaron», afirmó.
Destacó además de manera especial el apoyo de colectivos de mujeres, como la Campaña Nacional de Derecho al Aborto y Libres Las Queremos.
El Tribunal Oral Penal de Goya está integrado por los jueces Ricardo Diego Carbajal, Jorge Antonio Carbone y Julio Ángel Duarte.
Gladys Ferreyra, madre de Ana, dijo en diálogo con Télam que éstos «son días de mucho miedo, angustia y ansiedad, pero tenemos la esperanza de que todo salga bien».
«Lo que más quiero en la vida es traer a mi hija de vuelta a casa», dijo la mujer que hace ocho meses cuida también de los hijos de Ana, una niña de 11 años y un varón de 6 años que «no tienen mucha dimensión de lo que está pasando».
Lamentó, además que la justicia no le haya concedido la prisión domiciliaria, teniendo dos hijos pequeños. «Eso fue para nosotros un dolor muy grande, sobre todo cuando vemos que hay casos gravísimos en Esquina de hombres que sí la obtuvieron», comentó.
Sobre la acusación y el encierro de su hija, manifestó que «este ha sido un tiempo difícil para la familia», y destacó: «En Esquina tuvimos momentos de mucha angustia y dolor, pero también sentimos el apoyo de mucha gente. En el barrio tuvimos el acompañamiento de los vecinos que veían cómo Ana cuidaba a sus hijos; de colectivos feministas, de Libres Las Queremos, que estuvieron siempre presentes».
Dice que en estos meses visitó a su hija en la Comisaría una infinidad de veces y que generalmente la encuentra «muy angustiada». «Se pone mal, no recuerda que pasó esa noche, estuvo en shock, intentamos contenerla, ahora tiene una psicóloga y eso la ayuda», contó.
«Mi mayor deseo es cumplir mis 50 años con Ana a mi lado», concluyó Gladis Ferreyra.
Por Patricia Arrúa, en Télam