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Por Sabino Vaca Narvaja*. La firma del nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca entre Argentina y Estados Unidos marca un punto de inflexión silencioso pero profundo en la inserción internacional del país. No se trata de un tratado de libre comercio tradicional ni de una ampliación equilibrada del intercambio bilateral. Estamos ante algo distinto y más delicado: la imposición de un corset comercial, regulatorio y tecnológico que restringe severamente la autonomía económica, industrial y científica de la Argentina.
Bajo el lenguaje técnico de la “reciprocidad”, el acuerdo consagra una arquitectura profundamente asimétrica. Argentina asume compromisos extensos, detallados y verificables; Estados Unidos conserva márgenes amplios, discrecionales y reversibles. El resultado no es integración, sino subordinación normativa.
De la política comercial a la política de alineamiento
El corazón del acuerdo no está en los aranceles —limitados, sectoriales y condicionados— sino en las disciplinas regulatorias. Argentina se compromete a aceptar estándares técnicos, sanitarios, industriales y tecnológicos definidos por agencias estadounidenses, desde la industria automotriz hasta los dispositivos médicos, desde el agro hasta los servicios digitales.
Este desplazamiento no es menor: la política comercial deja de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un mecanismo de alineamiento estratégico. La soberanía regulatoria —la capacidad del Estado de definir reglas según sus prioridades productivas, sanitarias y sociales— queda erosionada en favor de un marco importado, diseñado para proteger intereses externos.
La cesión de soberanía regulatoria no es una abstracción jurídica: tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana y la salud pública.
Al obligar a Argentina a aceptar certificaciones y autorizaciones de organismos extranjeros como equivalentes automáticos, el acuerdo debilita el rol de las agencias regulatorias nacionales, que dejan de ser garantes últimos del interés público.
Esto abre la puerta al ingreso de medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos que hoy están prohibidos o restringidos en Argentina por razones sanitarias, de seguridad o de eficacia comprobada.
El Estado pasa de regular a convalidar, y la política sanitaria queda subordinada a estándares definidos fuera del país, sin capacidad plena de control independiente ni adaptación a las necesidades locales.
Retroceso industrial: competir sin instrumentos
La experiencia histórica es clara: ningún país se desarrolló industrialmente sin márgenes de política pública. Regulaciones propias, compras públicas, estándares técnicos nacionales y protección inteligente fueron herramientas centrales del desarrollo.
El nuevo acuerdo avanza en sentido contrario. Limita la capacidad de promover proveedores locales, debilita la articulación entre Estado e industria y reduce el espacio para políticas de sustitución de importaciones, encadenamientos productivos o transferencia tecnológica.
En los hechos, consolida un modelo donde Argentina consume tecnología importada pero tiene cada vez menos capacidad para producirla, adaptarla o mejorarla.
El riesgo no es teórico: es la desindustrialización regulada, donde las reglas mismas impiden la construcción de capacidades nacionales y consolidan una estructura productiva dependiente.
Economía del conocimiento: patentes como barrera, no como incentivo
Uno de los capítulos más preocupantes es el referido a propiedad intelectual. El acuerdo obliga a profundizar un régimen de patentes más rígido, extenso y punitivo, alineado con los estándares más duros del sistema estadounidense.
Se exige ampliar derechos de monopolio, endurecer sanciones y acelerar reformas legales que responden más a la agenda de las grandes corporaciones tecnológicas y farmacéuticas que a las necesidades del desarrollo local.
Lejos de fomentar la innovación argentina, este esquema tiende a encarecer el acceso al conocimiento, restringir la investigación aplicada y limitar la producción de genéricos, biotecnología y desarrollos propios.
Para un país con universidades públicas, sistema científico robusto y empresas de base tecnológica en crecimiento, esto implica un freno directo a la economía del conocimiento. Las patentes, concebidas originalmente como incentivo a la innovación, se convierten así en barreras de entrada que refuerzan la dependencia tecnológica y consolidan asimetrías.
Restricción tecnológica y exclusión nuclear
La lógica de control tecnológico alcanza incluso a un sector tan sensible como el nuclear. El acuerdo incorpora cláusulas que, bajo el argumento de la seguridad económica y nacional, limitan explícitamente la posibilidad de adquirir reactores, combustible nuclear y uranio enriquecido a proveedores no alineados con Estados Unidos.
Esto impacta de lleno sobre proyectos estratégicos que Argentina venía desarrollando con China, como la central nuclear financiada por ese país, basada en el reactor Hualong, que utiliza uranio enriquecido como combustible.
En los hechos, el acuerdo no solo condiciona una decisión tecnológica soberana, sino que bloquea una opción concreta de financiamiento, transferencia tecnológica y continuidad del complejo nuclear argentino, uno de los pocos sectores donde el país conserva capacidades científicas, industriales y de ingeniería de alto nivel.
No se trata de una preferencia técnica ni de una evaluación de costos o seguridad: es una exclusión geopolítica que redefine qué tecnologías puede —y cuáles no puede— adoptar la Argentina.
Minerales críticos: proveedor sin decisión
El acuerdo también redefine el rol argentino en sectores estratégicos como el litio, el cobre y otros minerales críticos. Se establece una prioridad explícita hacia Estados Unidos como socio comercial y de inversión, reduciendo el margen para diversificar alianzas y negociar transferencia de valor agregado.
Argentina queda posicionada como proveedor confiable de insumos estratégicos, pero sin garantías de industrialización local, desarrollo tecnológico asociado o inserción en cadenas de valor complejas.
Es la vieja lógica extractiva, ahora revestida de seguridad económica.
El acuerdo como instrumento de la doctrina Trump
Este corset comercial no es una anomalía ni una concesión aislada: es la traducción económica concreta de la nueva doctrina de seguridad estratégica de Estados Unidos, explicitada en el documento publicado por la administración Trump en noviembre pasado.
Allí, China es definida no solo como competidor, sino como amenaza estructural, y se plantea abiertamente la necesidad de limitar, contener y, cuando sea posible, expulsar su presencia de las cadenas de valor, de la infraestructura crítica y de los ecosistemas tecnológicos de terceros países.
El acuerdo con Argentina debe leerse en esa clave: no como una política comercial bilateral, sino como un instrumento operativo de esa estrategia, que busca reordenar el espacio económico sudamericano bajo criterios de seguridad estadounidense.
La restricción a proveedores tecnológicos, el bloqueo de proyectos nucleares con China, la priorización excluyente en minerales críticos, el alineamiento en controles de exportación y la importación de estándares regulatorios no apuntan a mejorar la competitividad argentina, sino a cerrar el margen de maniobra frente a China, reduciendo la capacidad del país de diversificar socios y ejercer una diplomacia económica autónoma en un mundo multipolar.
Una decisión de largo alcance
Este acuerdo no debe analizarse como un hecho técnico ni coyuntural. Implica un giro estructural en la forma en que Argentina se inserta en el sistema internacional: menos autonomía, menos política industrial, menos capacidad tecnológica propia.
La pregunta de fondo no es ideológica, sino histórica: ¿queremos un país integrado al mundo como actor con capacidades propias o como economía regulada desde afuera?
El nuevo acuerdo con Estados Unidos, tal como está concebido, inclina peligrosamente la balanza hacia la segunda opción.
* En Página/12
