La abogada María José Castillo explicó a El Submarino que la intención es que se suspenda la audiencia y que el desmonte se realice “respetando los procedimientos legales, porque hasta ahora es irregular”.
Ayer a la mañana, organizaciones campesinas, sindicales, de derechos humanos y familias que habitan en la zona habían manifestado frente a la Secretaría de Gestión Ambiental, reclamando que se los autorizara a participar de la audiencia, pues les habían impugnado el pedido por algunas cuestiones formales y burocrátivas.
Castillo recordó que la empresa responsable del desmonte está a cargo de un empresario sojero que además tiene tierras en sociedad con el ex diputado salteño Olmedo. También estaría involucrada una empresa jujeña vinculada al Ingenio Ledesma. “Estamos tratando de desentrañar todas estas relaciones”, explicó Castillo.