La Sala Acusadora de la Legislatura se abroqueló para avanzar en el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Jujuy, Federico Otaola, pero lo hizo bajo sospecha. En una maniobra que encendió la polémica, se ratificó la comisión investigadora anterior, compuesta exclusivamente por radicales y peronistas, dejando afuera a las nuevas fuerzas que ingresaron a la Cámara tras la última elección. El supremo está a punto de jubilarse.
El club del trueque político
Desde la izquierda, Alejandro Vilca no se calló nada. Denunció que el destino de la causa ya está marcado por «la rosca política» entre los bloques tradicionales. «El poder político pone jueces y el poder político los saca», sentenció, cuestionando la imparcialidad de una comisión donde los acusadores son los mismos que pactaron los nombramientos. Para el diputado del FIT, el sistema está agotado y los jueces deberían ser elegidos por voto popular.
Argumentos de ocasión
Curiosamente, la Libertad Avanza terminó avalando el cierre de filas. El diputado Kevin Ballesty justificó la exclusión de su propio bloque apelando al «principio del juez natural». Según su postura, la comisión que debe investigar es la que estaba vigente cuando entró el pedido, para no vulnerar el derecho de defensa de Otaola. Con este aval legalista, la investigación queda bajo el control total del bipartidismo, al menos hasta que caiga un nuevo pedido de juicio.
