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Más del 50% de la población registra demoras o cesación de pagos en sus compromisos cotidianos a causa del deterioro del poder adquisitivo.
Lejos de limitar el sobreendeudamiento a préstamos bancarios o tarjetas de crédito, la morosidad se trasladó con fuerza a los servicios básicos del hogar y a las obligaciones tributarias.
Los datos se desprenden de un relevamiento de la consultora Casa Tres, conducida por Mora Jozami, que revela que el 54% de los encuestados incurrió en atrasos financieros.
En el desglose de los incumplimientos, el 46% corresponde a facturas de luz, agua, gas, telefonía e internet, superando a los saldos pendientes en plásticos bancarios (36%) y préstamos personales (33%).
La pérdida de liquidez también impactó en el cumplimiento fiscal: un 21% admite morosidad en impuestos nacionales y provinciales —incluyendo obligaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)—, mientras que un 18% adeuda compromisos informales. En menor proporción figuran los alquileres y las cuotas educativas (12%), junto a expensas e intercambios monetarios familiares.
A la par del incremento en los retrasos, el 58% de las familias recurrió al endeudamiento reciente para sostener sus gastos corrientes. La cifra escala al 63% entre las mujeres y alcanza un pico del 65% en los estratos de menores recursos.
El destino del crédito pone de manifiesto la complejidad de la coyuntura: el 76% de quienes tomaron financiamiento lo aplicaron a necesidades básicas. Un 26% lo destinó a la compra de alimentos, un 21% a gastos operativos diarios, un 15% al pago de tarifas e impuestos y un 14% al refinanciamiento de deudas previas.
Respecto al panorama de regularización, solo el 34% confía en su capacidad para saldar las acreencias vigentes, frente a un 37% que descarta esa posibilidad y un 26% que manifiesta incertidumbre sobre el desenlace de sus cuentas.
