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Los cuatros gendarmes que están detenidos por el asesinato de Rodrigo Torres, serán indagados y acusados por la muerte del joven comunero de 22 años. “Homicidio calificado”. Será en una audiencia imputativa que se realizará este sábado, en la sede del Ministerio Público de la Acusación en la ciudad de La Quiaca
Cabe recordar que fue asesinado por cuatro efectivos del Escuadrón 21, asentado en la ciudad fronteriza. Son tres hombres y una mujer que lo persiguieron y lo mataron por las calles del barrio Pradera del Norte, mientras transportaba hojas de coca que llevaba para los y las integrantes de la Comunidad San Juan de Quillaques, ubicada en el Departamento puneño de Susques.
Es la segunda víctima de gatillo fácil de las fuerzas federales de seguridad, que comanda la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. La primera fue Fernando Gómez, bagayero asesinado en Salta.
Autopsia en la morgue
Para esta mañana, se dispuso que se haga la autopsia al cadáver de Rodrigo en la morgue del Centro Judicial, que está ubicado en Alto Comedero, a partir de las 8 horas. Estarán presentes su madre, familiares, la Coordinadora contra la Violencia Institucional.
No obstante, se realizaron pruebas en la causa que es llevada adelante por el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil, que comprometen a los efectivos en su accionar.
La moto del muchacho presenta siete disparos para detener la marcha, mientras la víctima recibe dos disparos, uno en el brazo y otro entre la axila y costillas, totalizando nueve balas, en una persecución que duró solo unos minutos. Los mismos fueron a quemarropa.
También se confirmó la víctima trasladaba hojas de coca en estado natural, y otros productos que había comprado en la ciudad boliviana de Villazón. Torres se dirigía a la localidad puneña de Barrancas, departamento de Cochinoca donde trabajaba como albañil.
Una de las hipótesis que baraja la Brigada de Investigaciones, es que el joven al ver la camioneta de Gendarmería escapó por temor a que le secuestren la moto, porque había sido adquirida en Bolivia.
El móvil de la fuerza de seguridad federal fue secuestrado por orden del fiscal, Alberto Mendivil, como así también las armas reglamentarias de los efectivos para someterlos a las pericias correspondientes, y así determinar si fue una persona o más quiénes efectuaron los disparos en contra de Torres.
