Posteriormente se movilizarán hacia el Juzgado de Control Nº 1 (Urquiza 462) donde fueron citados los comuneros por esta causa acompañados por organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles.
Los hechos
En enero de este año, el paso del Rally Dakar sorprendió a la sociedad abrapampeña, y a las comunidades que allí residen, hasta entonces sin circuito definido, “por cuestiones de estrategia para el competidor”. Aún así, agentes de la policía local entregaban notificaciones a los vecinos de diferentes comunidades, a los efectos de solicitarles que mantengan “encerrados los animales” durante la jornada del 12 de enero.
Ante esta situación las comunidades emitieron notas de pedido de informe a organismos del estado, como así también a los poderes ejecutivo y legislativo local.
Al no obtener respuestas concretas por parte del estado, la Comunidad Aborigen de Rumi Cruz junto a otras comunidades de la provincia realizaron un corte de ruta a la altura del paraje denominado Abra de la Cruz, en exigencia del cumplimiento de los derechos adquiridos; recibiendo como respuesta una violenta represión por parte de las fuerzas de infantería.
En la misma resultaron detenidas 2 mujeres y 8 varones entre los que se encontraban el intendente de la Municipalidad de El Aguilar y el sacerdote Enrique González. Posteriormente imputados por “atentado a la autoridad doblemente agravado por el número de participantes”.
Luego las comunidades se movilizaron hasta San Salvador de Jujuy, el 16 de enero, acompañados por diferentes organizaciones fecha en la que también se solicitó el pedido de renuncia a la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Natacha Freijo, por considerar una falta de capacidad total a la hora de garantizar el derecho indígena actualmente vigente.
Hasta la fecha ni la Secretaría de Derechos Humanos, ni el Defensor del Pueblo, ni los organismos encargados de la organización del Rally Dakar han dado respuesta a los pedidos de informe. Así como tampoco se avanzó desde la justicia ya que el expediente se encontraba en la fiscalía todo este tiempo sin dar su curso correspondiente hasta la fecha.
Expresaron que como “miembros de Pueblos y Naciones Originarias no nos mantendremos pasivos ante las acciones persecutorias del gobierno, por el contrario, con mayor fuerza exigiremos el cumplimiento de los derechos que hasta ahora nos fueron negados”.