La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que a 40 años de la salida de la última dictadura en la Argentina «no hay un Estado democrático constitucional», en una disertación en la que ratificó que se encuentra «proscripta» y denunció una alianza entre miembros de la oposición y «el partido judicial».
Al brindar ayer una conferencia en la Universidad Nacional de Río Negro, en la ciudad de Viedma, donde recibió el doctorado honoris causa de la institución, la titular del Senado llamó a refundar el «estado democrático constitucional» que ubicó como eje central para encarar las encrucijadas económicas y de desarrollo del país.
En la charla realizada bajo el título «¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria», la exmandataria advirtió además sobre el riesgo de que en el país se profundice el proceso de «fragmentación política» que observa en otros países de la región y llamó a construir una «hegemonía democrática»
El discurso de Cristina Kirchner en Río Negro había generado expectativa de todo el arco político y se concretó un día después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 difundiera los fundamentos del veredicto en primera instancia de la denominada causa «Vialidad».
«A 40 años de democracia, en la Argentina parece que ni siquiera estos tres poderes (por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial) funcionan», indicó y recordó cómo el expresidente Néstor Kirchner recuperó a partir de 2003 y con la legitimidad de origen de tan solo el 23% de los votos el «Estado constitucional democrático», tras la profunda crisis política, social económica e institucional del 2001.
«No teníamos Poder Ejecutivo, un Legislativo en el que se podían comprar y vender leyes, una Corte que se conoció con el nombre de mayoría automática que legalizó todas las privatizaciones, el saqueo del patrimonio nacional», rememoró, para luego indicar que «no teníamos en ese momento lo que llamo el Estado constitucional democrático», desarrolló.
Y agregó: «Néstor en el 2003 reconstruye esto colocando a la Casa Rosada como el centro de gravedad del poder político: las decisiones las toma el presidente, el parlamento vuelve a ser lo que tiene que ser: oficialismo y oposición».
En materia judicial, la vicepresidenta resaltó también la decisión tomada por Néstor Kirchner, a poco de asumir la Presidencia, de iniciarle juicio político a la Corte Suprema heredada del menemismo, cuando su presidente de entonces, Julio Nazareno, «amenazó al pueblo con dolarizar la economía».
Tras el repaso de la gestión inicial del kirchnerismo, la exmandataria y titular del Senado aseguró que cuando a ella le tocó iniciar su primer mandato, en diciembre de 2007, «la Argentina era un Estado democrático constitucional, donde cada uno cumplía los roles que debía cumplir».
Luego contrastó ese momento con el presente, y entonces advirtió que «hoy, a casi 40 años de democracia, no estamos ante un Estado democrático constitucional» con una afectación en la «división de poderes» por parte del «sector más importante de la oposición», al que consideró «aliado con el poder judicial para hacer lo que sabemos que está haciendo».
Como ejemplo de ello, la vicepresidenta cuestionó que «desde el partido judicial» hayan anulado la designación del senador nacional por Río Negro Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura apenas unas horas antes de que ella iniciara su conferencia en Viedma.
«Más mafiosos no se consiguen porque, la verdad, los mensajes son mafiosos», lanzó entonces, entre aplausos del auditorio, en alusión a la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que tomó esa medida.
A renglón seguido aludió al viaje VIP de jueces federales, funcionarios del gobierno porteño, fiscales de CABA y representantes del Grupo Clarín a la residencia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, y apuntó en particular sobre uno de los magistrados que participó del vuelo, Julián Ercolini.
«Los argentinos pudimos verificar en los chats, por esas casualidades, cómo el juez que instruyó la causa en la cual acaban de proscribirme (por la causa Vialidad) recomendaba cómo hacer facturas truchas», criticó en referencia al magistrado.
Insistió luego en que con el atentado en las inmediaciones de su domicilio del barrio porteño de Recoleta se rompió «el pacto democrático» por el cual «no se podía ni siquiera pensar en que la supresión del adversario era la supresión de la vida».
«Si uno mira realmente lo que pasó a partir del 2015 parece casi una secuencia lógica de lo que pasó ese 1° de septiembre», insistió, y amplió: «En marzo del 2022 destruyeron mi despacho, durante media hora sin que interviniera ninguna fuerza de la ciudad (de Buenos Aires), ni tampoco la (Policía) Federal. Fue apedreado y destruido», puntualizó.
Y en el mismo sentido, completó: «Todo hace juego con todo, unos días más tarde aparece un cartel, una foto con mi cara de muy mala, que decía ‘Asesina. 35 mil’. Fue el 28 de marzo (de 2022), cuatro días después del 24 de marzo. Tampoco nunca se supo (quiénes fueron) los responsables».
En su conferencia, la vicepresidenta aludió solo una vez a los fundamentos del veredicto en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que el jueves difundieron los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, sentencia a la que el oficialismo denunció como una avanzada política del Poder Judicial y un intento de proscripción de la principal dirigente del país en los inicios del año electoral.
Para Cristina Kirchner, el objetivo de lo que definió como partido judicial es obstaculizar su participación en la carrera presidencial y condicionar al proyecto nacional y popular que representa.
«Millones de palabras, ninguna prueba y un solo objetivo la proscripción han reemplazado al Código Procesal por el Código Penal», resaltó al citar declaraciones previas del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, al que elogió por su definición.
Más adelante, al enfocarse en las cuestiones económicas, la vicepresidenta convocó a generar «una unidad política» que pueda «rediscutir el acuerdo con el FMI», algo que consideró imprescindible por la curva de vencimientos al organismo que deberá afrontar el país en los próximos años.
También explicó las dificultades de una economía bimonetaria y la necesidad de hacer «una reforma profunda» del Banco Central.
Estas definiciones las sintetizó en una frase: «Hoy, a 40 años de democracia, el país no solo está sin un Estado constitucional democrático, sino también sin moneda».
Fue allí que convocó a todos los dirigentes políticos que se precian de serlo a pensar y discutir aspectos de un modelo de país.
«Tenemos que debatir estas cosas y que cada uno piense un poco más antes de repetir monocordemente. Espejitos de colores no más», exigió y evaluó: «Se puede gobernar o por hegemonía popular democrática o por consenso. Ahora, si no tenemos hegemonía democrática y tampoco consenso, bueno papito que te ayude tu hermano».
