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El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la iniciativa del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires de reducir la ayuda social que reciben los beneficiarios de un programa social del distrito si sus hijos no concurren a la escuela, al considerar que «no se debe estigmatizar y castigar a las familias vulnerables».
El titular de la cartera nacional publicó en su cuenta de Twitter: «A los chicos que no van a la escuela en vez de estigmatizarlos tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo».
En esa misma línea, agregó: «No importa quienes ni cómo sean sus padres, queremos a los niños y adolescentes en la escuela. Todos tenemos derecho a ser mejores que nuestros padres, a tener más herramientas y oportunidades, y en este caso estos chicos y chicas también».
Zabaleta además señaló que «como dirigentes tenemos la obligación de pensar en la dignidad de la gente y no en los títulos de los diarios ni en los retuits de las redes».
«Anhelamos que los funcionarios de la Ciudad trabajen para solucionar alguno de los problemas y no para generar otros nuevos», fustigó.
En el marco del acto de la presentación de la Cooperativa ‘Sabores Argentinos’ en el municipio bonaerense de Avellaneda, Zabaleta afirmó que «un problema como el ausentismo no se resuelve generando otro problema como la quita de la ayuda del Estado como propone Larreta».
«Esta medida de la Ciudad muestra que para el Gobierno porteño una mamá, un papá, un niño o una niña son un número en el Excel, y esa no es la forma», criticó.
‘Doble estigmatización’
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, criticó el anuncio del jefe de Gobierno porteño al considerar que esa variable «no puede ser usada como un castigo, una doble estigmatización y una herramienta fiscal para bajar la ayuda».
«Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo», aseveró la portavoz en una serie de mensajes que publicó en Twitter.
En ese sentido, destacó que conoce muy bien el programa sobre el que hizo anuncios el jefe de Gobierno porteño porque tuvo «el honor de diseñarlo e implementarlo» junto a su equipo del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales en 2006, durante la gestión de Jorge Telerman al frente del Ejecutivo del distrito. «La ley que creó el programa indica como corresponsabilidades la regularidad escolar, la vacunación obligatoria y la búsqueda de trabajo para los adultos del hogar», precisó Cerruti quien, sin embargo, remarcó que se trata de «corresponsabilidades y no de requisitos porque tanto el Estado como la familia se comprometen a llevarlo adelante».
«Estas corresponsabilidades que se piden a los beneficiaron son un marco para ayudar a las familias a salir de la situación de vulnerabilidad. No pueden ser usadas como un castigo, una doble estigmatización, una herramienta fiscal para bajar la ayuda», planteó la portavoz de la Presidencia.
«Si está tan preocupado por el cumplimiento de la ley, el gobierno de Rodríguez Larreta podría ocuparse de que sigan ingresando familias que lo necesiten o requieran, y que se pague el porcentaje que establece la ley y que se fue restringiendo a medida que pasaron los años», postuló Cerruti.
‘Represivo y punitivo’
El viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, consideró que la decisión de Rodríguez Larret tiene «un tinte represivo y punitivo», y consideró que la medida “no ayuda a generar soluciones” ya que termina “castigando a las familias más pobres” de la ciudad de Buenos Aires.
«Si un chico no va a la escuela es un problema, pero si encima se le saca la ayuda a la familia, estamos generando otro problema», dijo el funcionario en declaraciones a Télam, en las que consideró que se trata de una medida que es «más para los diarios y que tiene un tinte represivo y punitivo».
Vacantes
También legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) y la Izquierda cuestionaron la decisión de Rodríguez Larreta, al definirla como «propaganda» electoral y sostener que las políticas deberían destinarse a «garantizar las vacantes que faltan».
Laura Velasco, legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión parlamentaria de Promoción Social dijo a Télam Radio que el anuncio hecho esta mañana por Rodríguez Larreta, las ministras porteñas de Educación, Soledad Acuña y de Desarrollo Humano, María Migliore, «no tiene sentido más que hacer medios y propaganda, como nos tiene bastante acostumbradas».
En este sentido, argumentó que «las políticas sociales, ya sea de la ciudad de Buenos Aires como nacionales, tienen prevista como parte de la contraprestación de los beneficiarios y beneficiarias la asistencia de niños, niñas y adolescentes a las escuelas». Y añadió: «Esto ya es así en el Programa Ciudadanía Porteña y también en programas nacionales como la Asignación Universal por Hijo (AUH)».
Luego, se refirió a los recursos que destina el Gobierno porteño a la educación. «Lamentablemente se perdieron más de 12 puntos de presupuesto educativo, allí debería estar la prioridad para garantizar igualdad de oportunidades para el acceso a una escuela de calidad, en poner más presupuesto, en garantizar las vacantes que faltan, en la infraestructura escolar», afirmó la legisladora.
En febrero de este año, al comenzar el ciclo lectivo, tanto legisladores de la oposición local como gremios docentes advirtieron que en la ciudad de Buenos Aires faltaban más de 50.000 vacantes.
«Tanto el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat como el de Educación deberían ocuparse de garantizar asistencia a las familias con presupuesto concreto en políticas sociales y en educación que garantice de verdad condiciones de vida igualitarias en la ciudad más rica del país, pero también la más desigual», sostuvo Velasco.
Por su parte, María Bielli, también legisladora porteña del FdT, escribió en Twitter que «la educación como contraprestación a un programa de ingresos se resolvió hace 10 años con la AUH. Lo hizo un gobierno que además construía escuelas, aumentaba el presupuesto en educación, creaba becas, entregaba computadoras y mejoraba la calidad de vida del pueblo».
Y agregó: «Tenemos un sistema educativo en la Ciudad que reproduce desigualdades sociales. ¿Por qué además de controlar y vigilar no se propone reparar injusticias y garantizar los mejores recursos?».
La legisladora porteña del Frente de Izquierda-Unidad Alejandrina Barry, por su parte, presentó un proyecto de declaración que «repudia enérgicamente la decisión del Gobierno de la Ciudad de quitarle los planes sociales a las familias en base al criterio de presentismo escolar, por tratarse de una medida discriminatoria, de ataque a los sectores más vulnerables y que no busca garantizar el derecho a la educación».
La declaración exige que «a fin de lograr una verdadera presencialidad escolar, se cumpla la sentencia judicial que obliga al Gobierno de la Ciudad a otorgar vacantes escolares y que se asignen becas estudiantiles a todo estudiante que la necesite».
En noviembre del año pasado, una resolución de la justicia porteña en segunda instancia estableció que el Gobierno de Rodríguez Larreta debía garantizar el acceso a la educación pública, en una causa iniciada por la organización Vacantes para Todos junto con legisladores del Frente de Izquierda.
