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Cuáles son los alcances del fallo que suspendió la IVE 

Los ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidad aseguraron este martes que realizarán «todas las acciones necesarias» para asegurar el cumplimiento de la Ley IVE tras el anuncio de apelación a la resolución de un juez federal marplatense que ordenó suspender su ejecución en hospitales nacionales de todo el país.

La ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, aclaró que «teniendo en cuenta que estamos en un fuero federal y que el único notificado de la resolución fue el Estado Nacional, los únicos ámbitos donde no podrían realizarse las prácticas de las IVE es en los hospitales nacionales».

«Teniendo en cuenta que el sistema de salud es tripartito: privado, obras sociales y público, que el público tiene además sector nacional, provincial y municipal, la interpretación lógica y normativa que corresponde hoy es esta», explicó.

El Estado nacional apelará la decisión del Juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que decretó la inaplicabilidad de la Ley N° 27.610 de Acceso a la IVE en hospitales nacionales.

La Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, rige en todo el territorio nacional. El pasado 28 de mayo, además, fue aprobado mediante la Resolución ministerial 1531/2021 el protocolo para la atención integral que ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumplan con la Ley IVE y atención posaborto.

El ministerio de Mujeres afirmó que la apelación del Estado Nacional forma parte “del compromiso del Estado argentino con el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional, específicamente, en la Constitución nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras”.

La ministra Gómez Alcorta anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que la apelación «no solo es una norma legítima» sino que «además, tiene una solidez convencional inobjetable».

 

A cuatro meses de la promulgación de la ley de IVE, el juez López ordenó al Estado Nacional que suspenda la aplicación de la Ley 27.610, por considerar que viola la «protección integral de la vida desde la concepción».

En su sentencia, el juez ordenó la suspensión también del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo.

Los hospitales afectados por la suspensión

De acuerdo a la interpretación del Poder Ejecutivo, los centros de salud afectados por la medida cautelar dictada por el juez López son solo aquellos de gestión nacional, más allá de que tengan servicio de tocoginecología o clínica general.

Estos son:

  • Hospital Nacional en Red especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” (CABA)
  • Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” (CABA)
  • Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca” (Provincia de Buenos Aires)
  • Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” (Provincia de Buenos Aires)
  • Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) (Provincia de Buenos Aires)
  • Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” (Provincia de Buenos Aires)
  • Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner” (Provincia de Buenos Aires)
  • Hospital de Alta Complejidad “Cuenca Alta” (Provincia de Buenos Aires)
  • Hospital del Bicentenario “Esteban Echeverría” (Provincia de Buenos Aires)
  • Hospital “Doctor René Favaloro” (Provincia de Buenos Aires)
  • Hospital de Alta Complejidad “El Calafate” (Santa Cruz)

Repudio

La Agrupación Católicas por el Derecho a Decidir repudió este martes la «injerencia antidemocrática» del Poder Judicial ante la resolución de un juez federal marplatense que dispuso la suspensión de la ley IVE en todo el país y denunciaron las «apreciaciones personales» volcadas en el fallo para apartarse de una ley.

«Repudiamos la injerencia antidemocrática del Poder Judicial sobre los derechos que hemos conquistado en la calle y en el Congreso, con amplio consenso de la opinión pública», destacó la Agrupación en un comunicado.

Denunciaron además la «permanencia» en el Poder Judicial de personas que «anteponen apreciaciones personales para apartarse de una ley democráticamente incorporada a nuestro sistema normativo».

Indicaron además que rechazan las «estrategias de funcionarios judiciales que en nombre de Estado eligen clandestinizar la práctica de aborto» lo que vulnera «los derechos de mujeres y personas gestantes a acceder a la práctica en condiciones seguras y dignas».

La Agrupación manifestó que no consiente «una nueva persecución a los derechos sexuales y (no) reproductivos, ni medidas que abonen al mantenimiento de un sistema de justicia patriarcal y desigual».

Además alertaron a la población y a las organizaciones de derechos humanos «sobre la amenaza que suponen estas estrategias lideradas por grupos que parasitan mecanismos pseudo democráticos, buscando refugio y alianzas en jueces amigos para implementar chicanas jurídicas»

Católicas por el Derecho a Decidir argumentó que Hétor Seri, quien presentó la demanda sobre la cual falló el juez Alfredo López es un «conocido militante y legislador del espacio político de derecha Modín» y destacó que «cuenta con dudosos antecedentes en su haber. En 2019, fue sindicado como responsable de una estafa millonaria al Estado»

Precisaron que los mecanismos antidemocráticos «se evidencian en las 29 presentaciones de recursos de este tipo planteados en diferentes provincias y fueros (Federales y Provinciales), 18 de los cuales ya fueron rechazados».

Y aseguraron que «como mujeres de fe nos vemos en la urgencia de manifestar que nuestras creencias personales y convicciones morales no pueden ser argumentos para fundar sentencias y mucho menos para limitar derechos y políticas públicas».

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