Por Compromiso Ambiental Cafayate*. Un grosero error burocrático en los planos de Catastro desató una cacería policial en la Comunidad Santa Rosa de Humahuaca. Con gases, balas de goma y desamparo para mujeres y niños, la Justicia de Jujuy volvió a demostrar que las fallas del sistema siempre se cortan por el hilo más delgado: el de los pueblos originarios.
El error que se firma con lapicera y se ejecuta con plomo Una oficina pública en la capital provincial aprueba un plano con deficiencias técnicas. Un funcionario sella un papel sin verificar el terreno en la Quebrada de Humahuaca. Un juez firma una orden de lanzamiento ignorando las advertencias de posesión ancestral. En el escritorio, todo se resume a un «error administrativo».
En el territorio, ese descuido institucional se traduce en un centenar de policías disparando balas de goma, gases lacrimógenos, gritos de terror de niños y mujeres, y heridos tendidos sobre la tierra.
El violento desalojo perpetrado contra la Comunidad Indígena de Santa Rosa, en Jujuy, expone una vez más la matriz de desprotección que sufren los pueblos originarios. La base del conflicto no es una disputa legítima entre privados, sino una cadena de negligencias estatales que la Dirección de Inmuebles de la Provincia admitió formalmente, pero que nadie se “calentó” en frenar a tiempo. Las equivocaciones burocráticas del poder no se corrigen con resoluciones; se pagan con la sangre del más débil.
La trampa de los planos cruzados
El detonante técnico del atropello es el Plano N° 0809, tramitado de forma exprés por particulares vinculados a la propia comunidad, pero con fuertes nexos políticos en el municipio local. Este trazado invadió de manera grosera los límites del territorio comunitario histórico, afectando directamente la vivienda y las tierras de producción de la familia Soruco.
La legislación argentina e internacional (como el Convenio 169 de la OIT) es taxativa: cualquier modificación o registro que afecte a territorios indígenas debe pasar por un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada. En este caso, el Estado provincial saltó por encima de la ley. Aprobaron un plano a puertas cerradas, sin inspección física previa y sin consultar a las autoridades comunitarias.
A pesar de que peritos judiciales y la propia Dirección de Catastro reconocieron posteriormente que el diseño contenía «errores de delimitación», la maquinaria judicial no se detuvo. Para el juez de Primera Instancia Civil y Comercial Juan Pablo Calderón, valió más un papel viciado de nulidad que la realidad efectiva de las familias que habitan y cuidan ese suelo desde hace generaciones.
La orden del desamparo
La insensibilidad del operativo policial dejó una profunda sensación de desazón y soledad en la comunidad. Más de 100 efectivos, apoyados por bomberos y camionetas municipales, cercaron el predio como si se tratara de un búnker criminal.
La orden se ejecutó sin importar la presencia de adultos mayores, mujeres y niños, quienes terminaron respirando gases y corriendo entre las piedras para esquivar las postas de goma.
Tras la balacera y el repliegue forzado de los comuneros, la Policía de Jujuy impuso un virtual estado de sitio interno. Los efectivos militarizaron el predio y comenzaron a exigir el Documento Nacional de Identidad a los propios habitantes de Santa Rosa para permitirles moverse dentro de su territorio ancestral.
Detrás de la urgencia por desalojar y de la brutalidad policial, la comunidad denuncia la sombra de un negocio repetido en la Quebrada: la voracidad inmobiliaria y turística sobre terrenos que cotizan en dólares, un mercado que suele avanzar al amparo del poder político de turno.
El hilo que siempre se corta por lo más delgado Este episodio en Santa Rosa no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema donde los errores estatales siempre corren en una sola dirección. Si el error beneficia al poderoso, se consolida; si perjudica al vulnerable, se ejecuta con la fuerza pública.
Mientras los funcionarios responsables de aprobar planos erróneos siguen detrás de sus escritorios y el juez Calderón sostiene la legalidad de un procedimiento manchado de sangre, las familias de Humahuaca resisten a la intemperie, masticando la bronca de saber que, en la justicia de los hombres, el derecho ancestral sigue siendo una promesa de papel que se borra con el primer disparo.