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Por Marcelo Cabero- dirigente social. Cuando dicen que hay que «agilizar» la entrada de productos importados para «bajar costos», algunos asienten con entusiasmo. Pero la teoría se desmorona ante un hecho: electrodomésticos baratos, sin certificación suficiente, que pueden provocar incendios, descargas eléctricas o fallas graves en el hogar. No es una exageración.
El IRAM —organismo que elabora normas técnicas con especialistas— advierte desde hace tiempo que los productos eléctricos sin ensayos adecuados generan justamente eso: incendio, electrocución y otros riesgos directos para el usuario.
El problema es que cuando el Estado afloja el control, el riesgo no desaparece: se traslada. Y casi siempre cae sobre quienes menos pueden defenderse.
Los sectores más pobres terminan comprando lo más barato porque no les queda otra opción. Pero lo más barato suele ser también lo peor hecho, lo menos controlado y lo más peligroso.
Así se arma una trampa perfecta: se venden productos sin control alguno y se expone a las familias a sufrir accidentes que podrían evitarse.
El incendio en el Congreso, provocado por una pava eléctrica, sirve como advertencia. Un artefacto de uso cotidiano bastó para desatar un siniestro y dejar en claro algo básico: un producto defectuoso y sin controles no es un detalle técnico, es un problema concreto. Y cuando no hay controles previos serios, ese problema llega a la casa de cualquiera.
Dante Choi, dueño de Peabody en Argentina, lo dijo con crudeza: la ilegalidad ya tomó gran parte del mercado y compite de manera desleal con productos nacionales que sí cumplen todas las normas. Eso no es una discusión entre empresarios.
Es una señal de alarma. Porque cuando la competencia se basa en el incumplimiento, el perjudicado no es solo el fabricante formal. Pierde el consumidor, pero también pierde el trabajo argentino.
La apertura sin control destruye empleo, porque empuja a la producción local a competir contra mercadería que entra más barata precisamente porque no cumple ningún requisito y, además, viene subsidiada desde sus países de origen, donde los Estados pagan parte de esos costos con un solo objetivo: acaparar el mercado, volverse los únicos proveedores y, de paso, barrer con la industria nacional.
¿De qué sirve abaratar la entrada de productos si después el costo lo pagan las familias con incendios, accidentes, pérdidas materiales y puestos de trabajo destruidos? Un control que llega tarde no protege. Solo contempla el desastre después de ocurrido.
