Cuba dispone desde este jueves de una Ley de Comunicación Social con su publicación en la Gaceta Oficial, luego de un amplio proceso de debates que incluyó a más de 7000 personas de diferentes sectores, incluidos estudiantes, profesores universitarios, periodistas, artistas, comunicadores sociales y profesionales, que permitió arribar a un consenso social y académico convertido en una legislación inédita para el país y la región.
“La norma aprobada tiene el espíritu del diálogo y respalda la voluntad política de la Nación, que define a la comunicación social como un pilar de su desarrollo”, explicó Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, en una jornada que definió como “trascendental para la comunicación” cubana.
Castillo detalló que se recogieron más de 300 opiniones en los debates presenciales, de las cuales el 76% fueron incorporadas al cuerpo legal que se presentó oficialmente este miércoles.
“No ha existido en Cuba -y no existe en prácticamente ningún lugar del mundo- una norma que tenga una conceptualización del proceso de comunicación social con la envergadura y complejidad que el país asume”, destacó, al referirse al carácter integral que diferencia a esta Ley con otras iniciativas legislativas de otros países, menos abarcativas que la normativa cubana.
“Estamos hablando de una Ley que se implementará para la sociedad toda”, detalló, al dar cuenta de su alcance, su legitimidad y el espíritu de diálogo y consenso social en torno al contenido que embebe a la ley presentada oficialmente hoy, hecho de gran importancia en la construcción de una sociedad socialista.
El panel en la Sala Che Guevara del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS) estuvo integrado por Humberto Fabián Suárez, presidente del Consejo de la Marca País; Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del IIICS; Rosa María Pérez Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba
La Ley 162/2024, resultado de la voluntad política y el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución de la República, que fue ratificada por medio de un referéndum popular el 24 de febrero de 2019 por el 86,85% de la población, incluye regulaciones para la comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático, comunitario y también el ciberespacio.
También aborda el marco legal para el diseño de la comunicación visual e industrial, la imagen de la marca país, la publicidad y el patrocinio en diferentes ramas (como por ejemplo la cultura y el deporte), y la comunicación en la vía pública.
A ese ejercicio de la publicidad y el patrocinio en Cuba –regulado por el Decreto 102/2024 complementario- se refirió Humberto Fabián Suárez, miembro de la Comisión Redactora de la Ley y Presidente de la Marca País, durante la conferencia de prensa brindada en el Instituto de Formación y Comunicación Social cubano.
Suárez destacó que la última ley de este tipo fue promulgada en 1955 durante la dictadura de Fulgencio Batista; por lo cual, desde 1962 cuando se eliminó la publicidad en Cuba, no se contaba con una regulación integral del sistema de comunicación social como la que aporta esta ley presentada oficialmente en el día de hoy, que establece los principios y regulaciones para el funcionamiento de todas las esferas comunicativas del país.
“Se trata de comunicación con fines comerciales, no políticos”, enfatizó, al marcar la diferencia con lo que se conoce como “propaganda” y explicar que “los sujetos obligados por esta ley son todos, incluidos los extranjeros que se encuentran transitoriamente en el país”.
Suárez detalló que esta ley regula también aspectos referidos a la defensa de la mujer y los niños y niñas, con el fin de evitar sexismo, violencia simbólica y discriminación en cualquiera de sus esferas; así como refiere a la protección integral del medio ambiente.
Al resaltar la trascendencia de esta Ley, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, afirmó que “recoge las luchas de los periodistas y comunicadores a lo largo de décadas y permiten avanzar en los experimentos en curso para la transformación del modelo de prensa de Cuba”.
Ronquillo detalló que el contexto actual se encuentra marcado por una potenciada agresión hacia la Revolución Cubana, concentrada en el ámbito comunicacional, donde abundan las campañas mediáticas y de descrédito dirigidas a subvertir el proceso iniciado en 1959, por lo que llamó a la prensa a “formar parte de los mecanismos de control social y popular”, derechos recogidos en la Ley de Comunicación Social y estandarte de la democracia socialista.
La presentada Ley, resultado del estudio del derecho comparativo y la construcción colectiva, fue aprobada en su versión 34 en mayo de 2023 por la XX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular y entrará en vigor en 120 días a partir de este 5 de junio, fecha de publicación en la Gaceta Oficial.
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