Si bien la Mesa consideró siempre necesario aprobar un nuevo Código Contravencional, cuestionó la forma vertiginosa e inconsulta en que se realizó su aprobación, además del contenido manifiestamente inconstitucional presente en muchas de sus normas.
Frente a la gravísima la problemática de Violencia Institucional presente en la provincia, protagonizada en gran medida por las Policías con una clara connivencia del poder judicial y político, consideraron que el debate de ese nuevo código debería haber incluido a la sociedad civil, donde puedan verse representados la mayor cantidad de espacios involucrados como centros vecinales, organismos de DDHH, organizaciones sociales, asociaciones educativas, centros de estudiantes, colegios de profesionales y toda población interesada ya que afecta a la convivencia colectiva.
La Mesa cuestionó que no se ajusta a las exigencias constitucionales propias de un Estado de Derecho y de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. Las notas presentadas contenían un apartado de observaciones técnicas del proyecto que confirmaban esta afirmación.
Los núcleos argumentales más importantes señalados contra el nuevo código refieren a las normas que violan el derecho de defensa, el derecho a la libertad personal, la garantía del debido proceso y el principio del “juez natural”.
También a la habilitación de prácticas que implican una clara invasión a la esfera privada de las personas y su libre determinación, Por otro lado se cuestiona la manifiesta criminalización de grupos sociales vulnerables transformándolos en sospechosos por su vestimenta, costumbres o color de piel, así como la criminalización de la protesta social sin ponderar los derechos constitucionales en juego.
Los miembros de la Mesa Coordinadora manifestaron que la función del nuevo código contravencional continúa siendo la ejercer un fuerte control social sobre diferentes grupos asi como la de evadir las responsabilidades del Estado en materia de Salud, Educación y Trabajo ya que aborda diferentes problemáticas esencialmente desde el castigo y no desde la prevención.
Por otro lado se considera gravísimo que los legisladores no tengan en cuenta la realidad de las innumerables y continuas denuncias por violencia institucional realizadas en el ámbito de la Justicia, de la Secretaría de DDHH de la provincia, como por los medios de comunicación, así como la evidente autogestión y accionar ilegal de las fuerzas de seguridad demostrada particularmente en el levantamiento de diciembre del año pasado.