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La familia de Félix Reyes, uno de los cuatro fallecidos que dejó una represión policial ocurrida en una toma de tierras en la localidad de Libertador General San Martín en 2011, denunció que el accionar de los funcionarios judiciales en la causa que se sigue por la muerte del joven está repleta de «prejuicios» que impiden llegar a la verdad.
«Evidentemente existen numerosos prejuicios que hacen que no se haga justicia. En la causa se expone a los tomadores de tierra como delincuentes y a los policías como buenos. Amén de que el joven fallecido no participó de manera alguna en la toma de tierras», señaló a Télam el abogado Sebastián Espada, representante legal de la familia de la víctima.
Reyes, quien vivía a dos cuadras del predio ocupado, había salido a protestar, junto a otros vecinos, contra un intento de desalojo que llevaba a cabo la policía de Jujuy, que reprimió a los manifestantes con disparos y gases lacrimógenos.
La familia asegura que, en medio de esos hechos, se produjo la muerte de Reyes debido a «los excesos» cometidos por los uniformados, algo que las autoridades y la justicia vienen desestimando.
A fines del año pasado, los jueces Gustavo Toro, Horacio Macedo Moresi y Silvia Yécora, de la sala IV de la Cámara en lo Civil y Comercial, rechazaron la demanda por daños y perjuicios presentada por la familia, que ahora se encuentra en condiciones de recurrir esa decisión ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.
«El fallo considera que los tomadores de tierras son delincuentes y presume que el joven Reyes al encontrarse cerca de la supuesta cúpula delictual estaba o participando de la toma o colaborando con la misma. Se sostiene que actuó con culpa grave por estar ahí», subrayó Espada.
El letrado agregó que los jueces afirmaron que «la Policía actuó en resguardo del derecho de propiedad» de unas tierras que perteneces a la empresa Ledesma, que realizó la denuncia para que se desaloje el predio.
Además, los magistrados sostuvieron que la orden de desalojo se realizó bajo un procedimiento «regular y en consonancia con una orden judicial», pero sin tener en cuenta el accionar represivo con el cual intervino la policía.
«Cómo puede ser regular si la jueza (Carolina Pérez Rojas) intervino para ordenar la suspensión del desalojo porque la Policía había sido desbordada en su capacidad operativa porque no estaba preparada para llevar adelante esa medida», cuestionó Espada.
Al respecto, el abogado también sostuvo que «no se puede entender como regular el ejercicio de la Policía, si a los días renunció el jefe de la Fuerza (comisario mayor Ayarde) y el ministro de Gobierno (Pablo Villa) por los hechos de violencia registrados durante el operativo».
Espada consignó además que «el juez (Toro) de la Cámara en lo Civil y Comercial que presidió el trámite era el Procurador General de la provincia» cuando se produjo en 2011 este desalojo, durante el cual murieron tres pobladores del lugar –entre ellos Reyes– y un policía.
