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Representantes de la Comunidad Cueva del Inca llegaron a San Salvador de Jujuy para repudiar la represión policial de este miércoles y reclamar que de una vez por todas el gobierno haga lo necesario para resolver la situación de las tierras que ocupan, donde por una medida cautelar de la justicia no pueden realizar ninguna acción.
Mientras un grupo de comuneros y comuneras se trasladaban a la capital provincial, otro grupo permanecía en Huichaira, donde a primera hora de la mañana realizaron una asamblea para decidir cómo continuar con la protesta. Miriam Alfaro, integrante de la comunidad, explicó a El Submarino Radio (91.5) que mantenían un corte de media calzada sobre la ruta 9.
«Hemos decidido salir nuevamente a cortar la ruta y mantener el reclamo hasta que venga el juez Sebastián Cabana y levante la medida cautelar», detalló alfaro.
-¿Tuvieron algún contacto con algún funcionario?
-No, no hay ningún funcionario del gobierno ni nadie vino a dar la cara. Ellos tendrían que venir con el juez y venir a decirnos las cosas como son, no mandar a la policía a reprimir, a hostigarnos y perseguirnos. Hace un momento acá vino gente, un policía, y nos sacó fotos. Así no se pueden manejar. El policía luego se cubrió, lo vimos a lo lejos. Pero hasta el día de hoy no vino nadie a dar la cara. Queremos que levante la medida cautelar o que venga el juez a vivir en una habitación de 2 x 3 compartiendo el baño con todos los funcionarios, y que vengan todos los funcionarios a compartir el baño y que no tengan agua.
Tras varias horas en la comisaría de Tilcara, anoche fueron liberados los seis detenidos, entre ellos una adolescente de 15 años, que fueron arrestados en el marco de un violento desalojo de la ruta 9, a la altura de Huichaira, donde miembros de la Comunidad aborigen realizaban cortes selectivos y parciales para visibilizar su reclamo.
Durante el operativo, varios integrantes de la comunidad, incluidas mujeres y personas mayores, fueron golpeados por los uniformados, que actuaron pertrechados con escudos y armas largas. Los manifestantes no eran más de veinte.
La protesta de Cueva del Inca estuvo enmarcada en una jornada provincial en la que integrantes de varias comunidades indígenas reclaman al gobierno de Cambiemos por el avance de la megamineria en la puna jujeña, la explotación de Mina Chinchillas a cielo abierto, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de napas de agua y pastura, incluida la Laguna de Pozuelos, que es área protegida y reserva de la biosfera.
La medida de no innovar en el caso de Cueva del Incafue dispuesta por el juez en lo civil y comercial Sebastián Cabana, y les impide a sus integrantes realizar cualquier actividad. No pueden realizar mejoras en los terrenos que ocupan, donde no tienen servicios sanitarios, luz ni agua potable, ni tampoco desarrollar acciones vinculadas con el circuito turístico de la zona. Ni siquiera pueden hacer actividades comunitarias culturales o deportivas.
«Queremos que se levante la medida que nos impide como comunidad la construcción de casas y baños, y el acceso a la luz y el agua, porque somos más de diez familias que compartimos un baño, un pozo ciego, y vivimos en habitaciones de 2 x 3. No se puede vivir así», describió Alfaro.
