Dos juicios de lesa humanidad culminaron la semana pasada con condenas para policías retirados: uno en Salta y el otro en Santa Fe. Los dos debates orales comenzaron este mismo año y revisaron escasos casos de violaciones a los derechos humanos sucedidas durante la última dictadura. Son dos ejemplos más de «juicios exprés», algo que, parece, será la línea que marque el compás de la agenda judicial de lesa durante 2024.
Salta
En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal de Salta comenzó a evaluar la responsabilidad de los policías retirados Carlos Estrada y Joaquín Guil. Este último ya había sido condenado en 2023 por delitos sexuales cometidos contra la esposa de una de sus víctimas en plena dictadura.
Ambos llegaron a juicio acusados de las tres detenciones ilegales que sufrió Tomás Cuadri, exfutbolista y secretario del Ministerio de Gobierno provincial durante la década de 1970, y también de los tormentos a los que fue sometido. Cuadri declaró en diciembre pasado, de manera adelantada, ante el TOF.
El jueves último, los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek condenaron a los acusados a 10 y 5 años de prisión.
Carlos Estrada / Joaquín Guil
Previo a la lectura del fallo, el fiscal general Carlos Martín Amad, quien dirigió la acusación junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, tomó la palabra a fin de dejar sentada la integridad de los familiares de la víctima, quienes prestaron testimonio en el debate. Sus declaraciones –según afirmó- fueron cuestionadas de manera inapropiada por la defensa de los acusados en su alegato.
El veredicto, en gran parte, coincidió con la posición de la fiscalía, que señaló a Guil como coautor mediato y a Estrada como coautor material de los delitos que tuvieron como común denominador a Cuadri, quien era considerado un medio para llegar al exministro, el verdadero objetivo de los represores.
En ese marco, la fiscalía logró acreditar que Cuadri fue detenido en tres oportunidades, siempre de su casa de la calle Tucumán 1573 de la capital salteña. En todos los casos, el MPF expuso que los operativos fueron dirigidos por Guil, sin orden judicial, valiéndose para ello de personal de la Policía provincial vestido de civil y armado, entre quienes se hallaba Estrada.
En el debate quedó probada la responsabilidad de Guil y de Estrada en los hechos originados en el procedimiento ejecutado el 8 de septiembre de 1976, en el que Cuadri fue detenido y trasladado a un descampado boca abajo y encapuchado en el piso de un vehículo junto a otras personas, en los alrededores del Dique Las Lomitas, en Campo Quijano, un municipio cercano a la capital.
En ese lugar, la víctima fue sometida a un simulacro de fusilamiento. Luego fue ingresado a la Central de Policía, donde permaneció detenido por 68 días, durante los cuales fue torturado, siempre con la finalidad de que aporte datos que permitan dar con el paradero del ministro Frías.
La responsabilidad de Guil también fue probada en un hecho ocurrido dos años después, cuando el 31 de enero de 1979 personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta practicó un allanamiento en la casa de Cuadri a raíz de una falsa imputación respecto de un robo ocurrido en la empresa donde trabajaba como sereno.
Guil fue responsabilizado por los episodios de tormentos que tuvieron como víctima a Cuadri en ese contexto, que se extendió durante una semana, con la aplicación de picana eléctrica y golpes con trapos mojados que provocaron en la víctima la pérdida de la audición en el oído izquierdo.
Santa Fe
Un día después, la Justicia sumó otras cuatro condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es el proceso en el que se juzgó a cuatro policías retirados que se desempeñaban en la Comisaría 3ª de Santa Fe: el exsubcomisario Carmelo Rolón, el exoficial ayudante José González, el excabo Félix Ríos y el exoficial Rodolfo de la Iglesia.
Durante el juicio, los jueces consideraron que quedaron probados los secuestros y las torturas que recibieron seis personas en la comisaría, que por primera vez se probó que funcionó como un centro clandestino de detención.
Una de las personas secuestradas, Orlando Navarro, era militante y apoderado del Partido Comunista Revolucionario en Santa Fe. Fue detenido el 12 de septiembre de 1976. Cinco días después apareció ahorcado en la comisaría 3ª. Al recibir su cuerpo, la familia advirtió marcas de torturas. Su entorno cercano denunció entonces que en verdad había muerto como consecuencia de los tormentos y de los maltratos que había sufrido en la dependencia policial. Su muerte había sido presentada por la Policía como un suicidio.
En la causa se investigó, además, la privación ilegal de la libertad –también en la seccional tercera– de los militantes Carlos Borgna, Carlos González, María Susana Muñoz, Daniel Marangón y Leda Fernández. Todos ellos, al igual que Navarro, permanecieron secuestrados en esa comisaría. Más tarde fueron trasladados a distintos penales y recuperaron la libertad entre 1977 y 1981.
El Tribunal Oral Federal de la provincia condenó a Rolón a 15 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos a los militantes. En el caso de Navarro, a la privación ilegítima de la libertad y a la aplicación de tormentos se le sumó el agravante de que la violencia utilizada resultó en la muerte.
González fue condenado a 12 años de prisión por su participación en ese crimen.
Además, condenó a Ríos a tres años de prisión como autor del delito de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, también en perjuicio de Navarro. Para De la Iglesia se dispuso la misma condena por la privación ilegal de la libertad de Leda Fernández.
Con estos dos veredictos, la lista de juicios de lesa humanidad culminados en lo que va de 2024 asciende a ocho. Cinco de ellos comenzaron este mismo año.
Fuentes:
Ailín Bulentini / Ahora y Siempre
Fiscales.org