Cupo laboral trans: Lo logrado y lo que falta en materia de reconocimiento de derechos

Tras la aprobación en el Congreso nacional de la ley de cupo laboral para personas trans, se abre el interrogante acerca de los desafíos que se presentan para su efectiva aplicación. Y de un modo más general, para que las políticas públicas en materia de ampliación de derechos se traduzcan en mejoras definitivas de la vida cotidiana de la gente.

La abogada Marina Vilte integra el movimiento Aylen Chambi, perteneciente a la Federación LGBT, celebró en diálogo con el programa Día6 (FM Conectar 91.5) la aprobación de ley, aunque comentó que «de la igualdad formal a la igualdad real hay un trecho». Para Vilte, se trata de «un pequeño primer pasito» hacia lo que refleja el proyecto de ley integral trans, que contempla además derechos como el acceso a la educación y la salud.

De todos modos, reivindicó la conquista por tratarse de «una lucha larga que simboliza una Argentina un poquito más igualitaria y equitativa».

Para la abogada, el solo hecho de que se plantee el debate de proyectos como este tiene el valor de visibilizar a sectores de la población y sus problemáticas. Y recordó, en este sentido, la discusión sobre la ley de matrimonio igualitario: «Gracias a ese debate, durante meses, las familias y las identidades diversas hemos pasado a existir en la Argentina», remarcó.

Si bien consideró que Argentina es vanguardia en materia de normativas de este tipo, puso el acento en los obstáculos, aunque señaló: «Por lo menos tenemos de dónde agarrarnos a la hora de, aunque sea mediante un juicio, garantizar esos derechos».

En cuanto a la aplicación efectiva de estas leyes en Jujuy, Vilte aseguró que «falta muchísimo». Por un lado, hay un Poder Judicial que directamente desconoce qué implican estas normas o se niega a implementarlas ante los casos concretos. Por otro, un Estado que no llega a instrumentar los recursos necesarios, como ocurre con la adecuación quirúrgica.

-¿Qué implica que se apruebe una ley de ampliación de derechos como la del cupo laboral trans? 

-Lo primero es la felicidad de una conquista, después de una lucha larga que simboliza justamente una Argentina un poquito más igualitaria y equitativa, por lo menos en términos simbólicos. Sabemos que de la igualdad formal a la igualdad real hay un trecho. Así que para que esta ley realmente cambie estructuras tiene que ser aplicada debidamente. Ya estaremos encima de eso, de la ejecución y de la planificación de la aplicación de la ley. Digamos que el cupo es un pequeño primer pasito, esa es la postura que tenemos en la organización a la que pertenezco. Nosotres como federación hemos presentado en el Congreso una ley que nos parece una instancia superadora, la ley integral trans, y este proyecto aprobado ahora tomó como base un solo capítulo de esa ley, el de acceso al trabajo. Entonces, entendemos que para poder garantizar un trabajo digno, tenemos que garantizar condiciones mínimas desde el inicio, el acceso a la educación, a la salud, es decir, una salida integral que permita que les compañeres trans y la comunidad trans puedan llegar a conseguir ese trabajo en condiciones dignas. Por eso decimos que es un pequeño paso. Vamos a festejarlo, pero vamos por más. Y eso es ir por la ley integral, porque además fue el único proyecto que tuvo en miras impulsar también al sector privado a contratar a personas trans a partir del incentivo de disminuciones de impuestos a nivel nacional.

-Ante la aprobación de leyes como esta, ¿qué ocurre en el ámbito de la justicia? 

-La estructura de la justicia parece que no está preparada para estas normas. Por ejemplo, la sanción de la ley de identidad de género es de 2012 y recién el año pasado, en plena pandemia, logramos que el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy emita una resolución. Fue a partir del caso de Delfina Díaz, una chica trans que fue agredida por personal policial en Libertador. Hemos exigido que la justicia respete la autopercepción de Delfina, que no había cambiado su DNI, y por eso en todo el expediente no  se respetaba su identidad de género. Había mucha queja de que la policía no respetaba la identidad de género, pero si la orden del fiscal no la respeta, difícilmente lo haga el policía. Tuvimos que hacer una presentación para que el Ministerio Público saque una resolución que repetía los estándares de la ley de identidad de género, lo que no sería necesario pero se hace necesario porque justamente no aplican y no conocen la normativa. Recién a partir de esto pudimos también en la justicia civil sortear nuevos expedientes en los que nos pusieron las mismas trabas. Dicen que no pueden ingresarlo al sistema porque no coincide el DNI, pero es mentira. Ni siquiera los propios abogades conocen. Si no la peleás, si no te quedás cuatro horas discutiendo en mesa de entradas que tienen que respetar la ley, nada menos, no te lo sortean. Digo esto para que se enteren colegas de que tanto en la justicia civil como en la penal ya se respeta la identidad autopercibida de las personas. Y eso también ha sido el camino y la lucha de las organizaciones, acompañando.

-Estas legislaciones, además de abrir la puerta a procesos que luego transita la sociedad, muchas veces lo que producen es que las propias personas beneficiadas se enteran que tienen esos derechos. ¿Es así?

-Exacto. Porque es visibilidad, en primera instancia. Pero también porque es distinto tener una iniciativa, hacer asistencia o actividades, a que sea una política pública. Porque las políticas públicas son para el pueblo argentino, para todo aquel que pisa nuestro territorio. Esa es la diferencia entre la pequeña actividad, la reflexión, y lo que sale de un Congreso. La difusión es otra,  porque además se ha dado en un marco de discusión. Quizás la gran ley de la diversidad que ha tenido la instancia de cambio paradigmático es la de matrimonio igualitario, porque fue donde más discusión se dio. Pero gracias a ese debate, durante meses, las familias y las identidades diversas hemos pasado a existir en la Argentina. Todas estas leyes tienen su trasfondo de debate, su difusión en los medios, y eso hace que la llegada masiva de una política pública también sea una instancia sumamente enriquecedora.

-Se suele decir que Argentina está a la vanguardia de la ampliación de estos derechos. ¿Cuál es su opinión?

-Totalmente. Somos un país que a nivel normativo es vanguardia. No somos un país que patologice las identidades, por ejemplo, como pasa no solo en gran parte de Latinoamérica sino también de Europa y algunos estados de EE.UU. Somos una de las pocas legislaciones donde la identidad de género no es patologizada, es decir que no hay que presentar un certificado médico, no hay que operarse, no hay que hacer un tratamiento hormonal para que esa identidad sea respetada. Eso es para mí lo más importante. Pero también son muy pocos países los que han tomado la obligación de proteger el derecho a formar una familia. En Argentina tenemos una ley de reproducción humana asistida que no es muy conocida, pero que justamente nos enmarca a todas las personas gestantes y no gestantes a pensar en esa posibilidad y que el Estado tenga que cubrir esas técnicas, que son tratamientos de grandes costos. Esa es nuestra legislación. Después, lo que pasa es que, lastimosamente, para que se aplique tenemos que hacer amparos, juicios. Entonces, el Estado se tiene que comprometer a reforzar y a invertir para que estos derechos se consoliden en la salud pública. Pero por lo menos tenemos de dónde agarrarnos a la hora de, aunque sea mediante un juicio, garantizar esos derechos. Sí, Argentina lo tiene, estamos muy orgulloses en ese sentido. Pero como repito siempre, de lo formal a lo real y cotidiano hay mucho trecho. Son leyes muy nuevas. Haciendo una analogía, por ejemplo el aborto no punible, legal desde 1920, la gente no lo entendía en 2019. Tenemos que seguir difundiendo y viendo de qué forma garantizar que se apliquen.

-¿La aplicación de estas leyes es todavía más trabajosa en Jujuy?

-Sí, totalmente. Solo hay que ver los números de cuántas personas trans y no binarias accedieron a una adecuación quirúrgica de su cuerpo en el sistema de salud público, cuántas fueron cubiertas por el Instituto de Seguros, que es la obra social con la que más se podría tener acceso; tenemos que ver cuántas técnicas de reproducción humana asistida se han hecho en el hospital público, también por el ISJ, qué disponibilidad hay para todas esas técnicas. La verdad es que falta muchísimo.