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La tarjeta que prepara el gobierno de Alberto Fernández para el programa Argentina contra el Hambre va a permitir comprar todo tipo de alimentos, con una cobertura cercana a los dos millones de personas. El diputado Daniel Arroyo, que estará a cargo de Desarrollo Social, contó que el plan va «a empezar con madres de chicos menores de seis años y con los que organizan los comedores».
«Hoy hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria de distinto tipo en comedores, merenderos, iglesias, de los cuales el 20 por ciento madres con chicos menores de 6 años y es ahí donde vamos a arrancar», señaló Arroyo. La tarjeta dependerá de un banco público, aunque no permitirá extraer dinero sino sólo adquirir insumos.
El ex viceministro de Desarrollo Social agregó que «la idea es acceder a la canasta básica y también apuntar a un esquema en torno a la producción de alimentos”. Este último punto es especialmente esperado por los movimientos sociales, que vienen desarrollando la producción de verduras a través de la agricultura familiar y de alimentos de la canasta básica elaborados por cooperativas, en los centros urbanos nacidas de empresas recuperadas y en las economías regionales de procesos de organización popularm, como el caso de los yerbateros.
En la presentación pública del Consejo contra el Hambre, que se realizó la semana pasada, también estuvieron representantes de la COPAL, la Cámara que, presidida por Daniel Funes de Rioja, reúne a las industrias de productos alimenticios que operan en el país.
El mecanismo de la tarjeta ya viene siendo utilizado en el país, con buenos resultados, como una forma de transferir recursos de manera rápida a las familias afectadas por la pobreza por ingresos. Existen tarjetas personales y otras para las encargadas de comedores, es decir destinadas a hacer compras por montos mayores. Para acceder a una canasta básica de alimentos, un nivel consumo que marca la línea de la indigencia, un hogar tipo necesita hoy ingresos por 13.913 pesos mensuales.
“Todos tienen que alcanzar la canasta básica”, señaló Arroyo. Además indicó que “vamos a hacer una política de seguimiento nutricional”.
“Que no haya hambre en Argentina no puede ser un debate. Es una regla. Es fundamental organizar un sistema masivo de créditos no bancarios para promover el trabajo, asociarlo a los planes sociales y fomentar el desendeudamiento de la gente”, completó.
El plan contra el hambre tiene previstos varios ejes de acción. Entre los puntos principales figuran el acceso a la canasta básica de alimentos, otorgándole a los Precios Cuidados un estatus de ley. También prevé la creación de un lista de productos saludables que se pactará con productores locales para distribuir a precios accesibles lácteos, carnes, verduras y frutas.
En el Congreso está en tratamietno un proyecto de ley de Góndolas, para garantizar que ningún fabricante de alimentos pueda acaparar más del 30 por ciento de la oferta de un producto, de manera de que las grandes productoras de alimentos no cartelicen los precios. Se establecerá también un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria que incluirá que el Estado adquiera productos frescos a sectores de la economía social, de la agricultura familiar y a las micro y pequeña empresa, con el doble propósito de acceder a alimentos a buen precio y garantizar el sustento de estos sectores que suelen quedar al margen de las cadenas de comercialización.
Junto a los representantes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales y de la iglesia que integrarán el Consejo de seguimiento al plan participaron de la presentación de la semana pasada figuras como Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Marcelo Tinelli y Narda Lepes. Además concurrieron Héctor Daer (CGT), Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social de la UCA), Sonia Alesso (Ctera), Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Carlos Tisera (Cáritas), Daniel Funes de Rioja (Copal), Carlos Vila Moret (Sociedad Rural), Bernando Affranchino (Aciera), Carlos Achetoni (Federción Agraria), Roberto Baradel (CTA) y Antonio Aracre (Syngenta), entre otros.
