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«La sensación es que hoy la gente está rota. Lograron fracturar 13 años de armado político y vemos una desorientación. Los sectores populares bancan a Evo con mucha impronta, pero cuando hay una parte de la sociedad que está apoyando el golpe de estado», describió desde La Paz Daniel Catalano, titular de ATE Capital, en diálogo con el programa Día 6 (FM Conectar 91.5).
Catalano integró la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, que regresó este sábado por la noche e hizo públicas sus primeras conclusiones de su visita al país andino, donde recibieron denuncias de víctimas y familiares de víctimas de la represión desplegada por el gobierno de facto.
En su informe preliminar, la delegación habla de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” tras haber corroborado delitos tales como la “desaparición forzosa de personas”, “situaciones de tortura en espacios públicos”, “violaciones y delitos sexuales” y “falta de garantías procesales para los detenidos”, entre otros crímenes que dan cuenta de “la situación de terror” con la que se encontraron allí.
En la recorrida por cárceles, barrios, hospitales, parroquias, y en el mismo hotel donde se alojaron, los integrantes de la delegación escucharon los relatos de las víctimas de la represión, y familiares de víctimas. «Hay cientos de denuncias de personas que están en los hospitales hace diez días, esperando ser curados. Hay madres que piden el cadáver de sus hijos y no se los dan; hay que hacer las autopsias con autonomía del poder político, y no se les permite», mencionó Catalano a modo de ejemplo.
«Se está viviendo un golpe de estado tal cual nosotros lo conocemos y vivimos en la Argentina, con sus particularidades», sintetizó.
La situación en Bolivia y las historias que nos cuentan son aterradoras. Los hospitales públicos no quieren atender a los heridos y las defensorías oficiales no quieren defender a las víctimas.
https://t.co/DnpPIY4hd9 vía @Pagina12— Luis Arias (@LuisFedeArias) November 30, 2019
En conferencia de prensa, la delegación dijo contar con material probatorio del “apoyo explícito” de países extranjeros en el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. “Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho”, subrayaron.
“Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios, de torturas, de violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos”, puntualizaron.
El grupo interdisciplinario hizo especial hincapié también en “las masacres coordinadas contra la población civil”, al referirse específicamente al ataque represivo en Senkata, cuando militares abrieron fuego en una planta de combustibles.
Catalano adelantó que el informe de la Delegación será presentado a organismos internacionales de derechos humanos y otros con incidencia en política internacional. «Además vamos a trabajar con equipos jurídicos de Bolivia puntualmente en la situación particular de cada una de las personas que denunciaron hechos de violencia», precisó.
https://twitter.com/DelegArgBolivia/status/1201141787991138309
Los 11 delitos que denunció la delegación
- Dos masacres en Senkata y Sacaba: la primera con nueve muertos y la segunda con seis.
- Desapariciones de personas: Además de constatarlo, aclararon que también se suma «una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero».
- Torturas, violaciones y delitos sexuales: «Constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad», indicaron, al resaltar que recibieron testimonios sobre estos delitos «de las propias víctimas y en otros casos de parte de testigos».
- Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares: Certificaron que hay «una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos».
- Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales: Constaron «la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos».
- Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa: Informaron que hay testigos que relataron sobre su existencia y lo relacionaron con las declaraciones de Murillo. Además, advirtieron que «numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal». Puntualizaron que se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública.
- Represión de manifestaciones públicas: Subrayaron que con los relatos y evidencias recogidas verificaron un «uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza». «Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo», ampliaron.
- Restricción manifiesta de la libertad de prensa: Alertaron que periodistas y medios, tanto locales como internacionales, fueron víctimas de «hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión».
- Promoción del racismo y los discursos de odio: La delegación constató la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales.
- Inacción y encubrimiento del poder judicial: Denunciaron que «el poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto». «Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia», puntualizaron.
- Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales: «Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales», concluyeron.
