DD.HH. en Jujuy: Grabois denunció «un pacto de poder obsceno» entre el gobernador y el PJ local

En el marco de la presentación del informe «Derechos Humanos en Jujuy», el dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois aseguró que existe un «pacto de poder obsceno entre el gobernador Gerardo Morales y el Partido Justicialista» de la provincia. En ese contexto, reclamó acciones por parte del gobierno nacional para detener los graves abusos institucionales que se plasmaron en el informe que se presentó este mediodía en el Congreso de la Nación.

Además, de Grabois, encabezaron el acto el abogado Pablo Pimentel (APDH La Matanza) y sus colegas María José Cano (ATE-CTAA Nacional), Sergio Job (UTEP Córdoba) y José Luis Fuentes (Centro Acceso a la Justicia, Misiones), acompañados por Fernando Acosta (CTAA) y Gonzalo Maurin (Nuestramerica), entre otros referentes de organizaciones sociales y sindicales de Jujuy que viajaron especialmente para la ocasión. También estuvieron otras integrantes del equipo que viajó a Jujuy a realizar el relevamiento.

De manera virtual, envió su adhesión Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. También participó a través de un video la abogada jujeña Alejandra Cejas, quien integra el equipo legal que representa a las organizaciones que en Jujuy sufren persecución política y judicial.

La presentación del informe se realizó en el ámbito del Congreso Nacional con el objetivo de impulsar los proyectos existentes de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy. El autor del primero de ellos, el senador nacional Guillermo Snopek (Frente de Todos), se hizo presente en el acto, al igual que la diputada nacional Leila Chaher (FdT) y su par Alejandro Vilca (FIT). Hay otra iniciativa en el mismo sentido impulsada por Federico Fagioli, Itai Hagman y Natalia Zaracho, referenciados con el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois.

El informe «Derechos Humanos en Jujuy» fue elaborado tras la visita a la provincia de un colectivo integrado por abogadas, periodistas, trabajadores sociales y militantes sindicales, quienes entre el 13 y 1l 15 de julio recibieron testimonios y denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gerardo Morales. Violación del derecho a la protesta y a la libertad de expresión; persecución política; abuso de poder; violencia institucional, y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna, son algunas de las situaciones relevadas por la Comisión.

Durante la primera quincena de agosto, además, va a viajar a Jujuy otra comisión que completará el trabajo de recepción de denuncias y búsqueda de información.

‘Hipocresía’

El objetivo de estos informes es plasmar luego las denuncias concretas tanto en el plano nacional como en el internacional. Además, sobre esta base se reclama la intervención federal del Poder Judicial, además de acciones políticas.

«Algunos confunden federalismo con feudalismo», se quejó Grabois, y advirtió que en Jujuy existe un «pacto de poder obsceno entre el gobernador Gerardo Morales y el Partido Justicialista» de la provincia.

En esta línea, afirmó: «Que yo sepa, el PJ nacional puede intervenir el PJ provincial. Y el presidente del PJ nacional es el Presidente de la Nación», y planteó lo que, a su entender, debería hacer Alberto Fernández: «Bueno, señor, usted no puede más ser presidente el PJ de su provincia».

Grabois personalizó así su reclamo hacia el primer mandatario, mencionando la visita que le realizó a Milagro Sala el 30 de junio pasado: «Decimos que el Poder Judicial es criminal, y no intervenimos. Decimos que Milagro es una presa política, y no intervenimos. La hipocresía es un problema, en el país y en el campo popular. Si tenés un pacto de poder, decilo y bancátelo. Pero se maquillan los pactos de poder con visitas hospitalarias, besitos y abrazos».

El dirigente recordó los proyectos de intervención al Poder Judicial de Jujuy que ya fueron elaborados, en relación con las visitas de referentes de derechos humanos que recogieron testimonios y denuncias de lo que ocurre en la provincia.

En este sentido, puso el acento en los delitos federales que se estarían cometiendo en Jujuy, como las violaciones a la Ley de Seguridad Interior. «El Estado nacional puede denunciar. Si está de acuerdo con que hay violaciones de derechos humanos, ¿por qué tenemos que ser personas particulares y algún diputado o diputada quien haga la denuncia?», planteó.

Presentan en el Congreso un lapidario informe sobre violaciones a derechos humanos en Jujuy