El gobernador Gerardo Morales firmó los decretos 5473 y 5474 en los que «acepta» las renuncias de Beatriz Elizabeth Altamirano y Clara De Langhe de Falcone a las vocalías que ocupaban en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Las ahora exsupremas presentaron su dimisión luego de que tomaran estado parlamentario el pasado 21 de abril en la Legislatura provincial sendos pedidos de juicio político. Altamirano lo hizo con una nota que envió directamente al gobernador, mientras que Falcone prefirió hacerlo ante el presidente del STJ, Federico Otaola.
Un tercer pedido de juicio político se presentó contra otro vocal de la Corte jujeña, Sergio González, quien también dirigió su renuncia a Otaola, sin que se haya resuelto aún su situación.
A los pedidos de juicio político contra Altamirano, Falcone y González, se sumaron los del vocal José Manuel del Campo y del propio Otaola. De este modo, el STJ perdería en pocos días a cinco de sus nueve miembros. Los únicos no cuestionados, al menos hasta ahora, son Ekel Meyer, ex ministro de Seguridad de Morales; Laura Lamas, militante radical, y los peronistas Sergio Jenefes y María Silvia Bernal.
La ola de renuncias forzadas en la Corte jujeña y el proyecto político de Morales