Las abogadas Silvana Llanes, Alejandra Cejas y Mariana Vargas presentaron ante el Procurador General una denuncia por incumplimiento de deberes a su cargo y mal desempeño de funciones contra el fiscal Walter Rondón, a los fines de que sea removido de su cargo. Lo califican de «experto en el armado de causas».
En la denuncia se enumeran las causales consideradas para pedir su remoción. En primer lugar, plantean que «resulta imposible que el fiscal actúe con objetividad habiendo sido nombrado en su cargo público por voluntad de una de las partes del proceso, en referencia al pedido «en forma insistente» del entonces gobernador Gerardo Morales para que la Legislatura aprobara el nombramiento de Rondón «a pesar de las impugnaciones».
También sostienen que el funcionario «inventó una causa penal contra referentes de comunidades originarias por homicidio culposo» y «ocultó a las partes prueba incorporada ilegalmente» en el caso de la mujer fallecida en Abra Pampa el año pasado, cuando se multiplicaban las permanencias en las rutas en rechazo a la reforma de la Constitución provincial.
En el escrito, repasan que el fiscal decidió que la muerte de la mujer fue «por el estrés y la altura», una conclusión que califican de «llamativa» puesto que la señora tenía su residencia habitual en Potosí, Bolivia, que está a casi 4000 metros sobre el nivel del mar.
Tras citar las conclusiones de la autopsia, que no pudo establecer las causas del deceso, las abogadas afirman: «Lo que desconoce la ciencia mediante la autopsia, es inventado por el fiscal Walter Rondón».
Revelan además que el funcionario utilizó un informe reservado de inteligencia del ministro del exgobernador Morales, que es «lo único que liga a acusadas y acusados con los cortes de ruta que habrían ocasionado falsamente el fallecimiento de la pasajera», informe que no fue agregado al legajo al que tienen acceso las partes.
Otro caso que invocan las abogadas para apoyar su pedido se refiere a un expediente en el que el fiscal le atribuye a una de ellas, Mariana Vargas, haber encubierto un delito que no investigó. El episodio en cuestión ocurrió en diciembre último, cuando la abogada fue contactada por una persona que ofreció venderle objetos relativos a cabalgatas, que luego se supo quehabían sido robados en Tilcara. Vargas los devolvió y aportó información, chats, audios, un número de celular y una foto de perfil del supuesto vendedor. Sin embargo, Rondón allanó la casa de la abogada y le «todas las monturas que son de legítimo uso familiar y del emprendimiento Cabalgatas Doña Lidia», además de su celular.
En el escrito, relatan que el fiscal la «consideró víctima en una audiencia grabada (desistiendo en forma tácita de la acusación), para en menos de 48 horas de formalizar la imputación pretender citarla ilegalmente a juicio, sin permitir ejercer su derecho de defensa y notificándola en feria judicial sin habilitarse la misma».
«Dicha abogada es perseguida por patrocinar a la Dra. Ríos en la denuncia por violencia de género contra su jefe (Sergio) Lello», agregan.
Finalmente, las denunciantes suman una cédula en la que el juez Gastón Mercau «también refiere el armado de causas para lograr ser condicionado por Rondón».
En suma, afirman que el fiscal «arma causas violando el derecho, inventando delitos, avergonzando al servicio de justicia provincial», y concluyen que solo con su remoción «será posible reparar en parte todo el daño ocasionado por el funcionario».