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Denuncia penal contra el Gobierno de Jujuy por la represión a manifestantes

Detenciones arbitrarias, uso ilegal de armas no letales, apremios, vejaciones, inteligencia ilegal y allanamientos ilegales son algunos de los delitos que se habrían cometido en Jujuy por parte de personal policial en las represiones desplegadas el sábado 17 en Purmamarca y el martes 20 en San Salvador de Jujuy. Esas acciones están detalladas en la denuncia penal presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) ante la justicia federal, donde se afirma: «La sistematicidad de dichas conductas resulta un indicio de que pudo haber  habido órdenes superiores de actuar de la manera en que se actuó, lo que debería ser investigado».

En el marco de las denuncias recibidas en las visitas realizadas a Jujuy la semana pasada, la SDH pidió a la justicia federal que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes.

La presentación incluye testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.

Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes.

“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señala el escrito.

También menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial.

La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.

El secretario Pietragalla Corti viajó a la provincia en dos ocasiones en los últimos diez días para monitorear de cerca las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión en las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de una reforma de la Constitución local.

Pietragalla Corti recorrió junto a funcionarios de la Secretaría, del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) los lugares de las protestas y cortes de ruta, donde se entrevistó con manifestantes, y visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención.

También se acercó al hospital local “Pablo Soria” donde se encontraban los heridos y detenidos con estado de salud más grave por las agresiones, pero se le impidió el ingreso. De todas formas, pudo comunicarse con familiares y allegados de las personas internadas y constatar que, a raíz de la represión, dos personas se encontraban en terapia intensiva y tres sufrían pérdida de visión.

Durante su viaje a la provincia, el secretario mantuvo una reunión virtual con el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab, y estuvo en conversación con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar la gravedad de la situación. Ambas organizaciones manifestaron en los últimos días su preocupación por la represión contra manifestantes en Jujuy y reclamaron al gobierno provincial el respeto por los derechos humanos.

La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti; Alejandro Marmoni, presidente del INAI; Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Secretaria General de Presidencia.

La denuncia

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