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La realización del Rally Trasmontaña de Enduro en áreas protegidas de las Yungas y zonas urbanas de la capital provincial desencadenó un conflicto legal, ambiental y social tras confirmarse que la prueba se ejecutó sin los permisos de la autoridad de aplicación.
A pesar de haber convocado a más de 600 pilotos de Argentina y países limítrofes, el evento careció de la evaluación de impacto ambiental previa requerida por la normativa vigente.
La falta de autorización por parte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial derivó en actuaciones ante el Juzgado Ambiental y denuncias penales presentadas por la Comunidad Indígena Las Capillas del Pueblo Ocloya, con el respaldo del Consejo de delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya.
Las entidades organizadoras, la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross (AJEM) y la firma Yungas Race, deberán responder administrativamente y en sede judicial por avanzar sobre territorio ancestral sin contar con el consentimiento de los pobladores ni con los avales técnicos correspondientes. Entre los participantes, estaba el diputado nacional de Jujuy por La Libertad Avanza, Manuel Quintar.
Advertencias oficiales e informes técnicos
Desde el Ministerio de Ambiente precisaron que la declaración de interés legislativo aprobada por la Cámara de Diputados no exime a los organizadores del cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente N.° 5063.
La cartera confirmó el despliegue de operativos de fiscalización durante el fin de semana e informó que mantendrá las actuaciones administrativas para aplicar las sanciones correspondientes ante los daños causados en selvas en galería y cursos de agua.
