Tanto el fiscal como el juez que dictaron una nueva orden de detención contra la diputada del Parlasur ilegalmente privada de su libertad desde el 16 de enero, violaron la ley 27120, la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy que establecen la inmunidad de arresto para los Parlamentarios del Mercosur.
Según se denunció, “la nueva detención ordenada el 26 de febrero pasado, resulta violatoria a los privilegios funcionales establecidos supralegalmente –ley Nº 27.210- y convencionalmente -por contradecir por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR y el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el Funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR-, por lo que deviene ilegal, ilegítima e inconstitucional – artículos 27, 31, 75 incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional-; impidiendo el libre ejercicio de su función de parlamentaria del MERCOSUR, con las eventuales responsabilidades que ello pudiera implicar para el Estado argentino”.
Los hechos denunciados pueden ser subsumidos en la categoría de graves violaciones a los derechos humanos y, particularmente, en el ejercicio de la violencia institucional, entendiendo por ella a todo acto, por acción u omisión, ejercido por funcionarios públicos que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas.