Un grupo de juristas, académicos y organizaciones de derechos humanos de diversos países presentó ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios, por delitos que incluyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco de la reciente acción militar estadounidense en Venezuela.
Firmada por la Asociación Americana de Juristas y múltiples organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y asociaciones jurídicas de América Latina y el Caribe, la presentación solicita a la Fiscalía de la CPI abrir un examen preliminar de los hechos ocurridos desde finales de 2025 hasta el 3 de enero de 2026, día en que se produjo la incursión armada estadounidense que incluyó la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa.
Agresión y violaciones al derecho internacional
La denuncia documenta lo que los querellantes describen como acciones contra “embarcaciones civiles en aguas internacionales”, el uso de fuerza militar sin autorización jurídica internacional, detenciones sin debido proceso y lo que califican como apropiación de bienes civiles y recursos naturales.
Se argumenta que estas operaciones constituyen «crímenes de agresión y de lesa humanidad», además de una flagrante violación de normas consagradas en la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de Roma, que regula la justicia penal internacional.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la International Federation for Human Rights (FIDH) ya habían expresado su preocupación por las consecuencias humanitarias y jurídicas de la intervención estadounidense.
Un frente jurídico global
Entre los firmantes hay juristas de distintos países y académicos especializados en derecho constitucional e internacional, lo que refleja una posición transnacional en torno a la legitimidad y consecuencias jurídicas del accionar estadounidense.
La toma de posición también incorpora a personas e instituciones de Cuba, Argentina, Uruguay, El Salvador, Puerto Rico y otros territorios.
Los denunciantes demandan que la Fiscalía de la CPI no solo evalúe si los hechos constituyen crímenes bajo la jurisdicción del tribunal, sino que mantenga informadas a las partes sobre cualquier avance conforme a la práctica establecida por la Oficina del Fiscal.
¿Qué pasos sigue la justicia internacional?
La presentación ante la CPI es el primer paso formal en un posible proceso internacional por crímenes de extrema gravedad. A partir de este momento, la Fiscalía deberá decidir si abre un examen preliminar, un etapa que consiste en evaluar si hay base razonable para iniciar una investigación más profunda (lo cual no implica aún cargos formales).
La CPI puede investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando no se han juzgado de manera genuina en el ámbito doméstico y cuando las acciones denunciadas se relacionan con los estatutos del tribunal.
La controversia se inscribe en un contexto global donde la relación de Estados Unidos con la justicia internacional ha sido tensa: administraciones anteriores han impuesto sanciones a la CPI y han criticado la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.
No hubo aún una declaración oficial de la Casa Blanca respondiendo a esta denuncia específica ante la CPI. Sin embargo, desde Washington se ha sostenido en numerosas ocasiones, incluso en casos previos, que el país no reconoce la jurisdicción del tribunal sobre sus autoridades y que acciones militares como las recientes están amparadas por su propia política de seguridad nacional.
Pedido ante la ONU
Adolfo Pérez Esquivel, referente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Premio Nobel de la Paz, solicitó en carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la creación de un comisión que compruebe las condiciones de detención y trato al Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
“Por razones humanitarias y de Derecho es urgente el envío de una Comisión de DD.HH. que garantice las condiciones físicas y psicológicas del presidente Maduro y su señora secuestrados en Venezuela”, escribió Pérez Esquivel en la misiva.
Asimismo, destacó que el violento operativo para secuestrar al presidente venezolano y a la primera dama, llevado a cabo el pasado 3 de enero, “violó la soberanía de ese país por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump”.
Finalmente, concluyó la carta con un llamado a la fuerza y la esperanza para “construir la paz que tanto necesita los pueblos”.
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