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Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, denunciaron este lunes al líder de Revolución Federal ligado a La Libertad Avanza (LLA), Leonardo Franco Sosa, por «actividades delictivas destinadas a dañar» a la expresidenta, y solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que «tome medidas que permitan desbaratar un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo».
La denuncia fue presentada ante el juzgado a cargo de Martínez de Giorgi y reiterada este martes con una ampliación para que el magistrado ordene realizar «medidas de prueba». El juez tiene a su cargo la causa que se inició contra integrantes de Revolución Federal por los daños y los incidentes ocurridos en las proximidades de la casa de la vicepresidenta el 22 de agosto del año pasado, .
Los letrados reconstruyeron que el domingo de elecciones uno de los imputados que tiene la causa, Leonardo Sosa, subió «un mensaje netamente amenazante a sus redes sociales». En su publicación en la cuenta de X, Sosa expresó: «Mañana CFK vuelve a Bs. As. Mañana vuelve Revolución Federal».
Para los abogados, ese mensaje marca que «cuando Fernández de Kirchner retorne a CABA, luego de viajar a Santa Cruz para votar, el grupo Revolución Federal estará esperándola para continuar con sus actos de terrorismo político».
«Lo que parece suceder es que Sosa, quien formaría parte de La Libertad Avanza, envalentonado por el posible resultado electoral de este partido, se siente seguro para poder atacar impunemente a Cristina Fernández de Kirchner. Recuérdese que Revolución Federal dejó de actuar de manera formal ante un hecho muy concreto: el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner», agregaron.
Por eso, Ubeira y Aldazabal le pidieron al juez «con carácter de urgente, tome medidas sobre Leonardo Sosa que permitan desbaratar a un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo y sobre Cristina Fernández de Kirchner». Solicitaron «el inmediato secuestro del celular» del imputado y que se «remita la geolocalización de los dispositivos en poder de Leonardo Sosa, desde el 1 de enero de 2023 hasta la actualidad».
También pidieron que se amplíe la declaración indagatoria de Leonardo Sosa, «tanto por el hecho que aquí se denuncia como por situaciones análogas denunciadas por otras acusaciones o que surjan de la investigación», y agregaron el pedido de que «se realice un relevamiento de las redes sociales de todos los miembros de Revolución Federal».
Esa solicitud fue ampliada este martes con la reiteración del pedido, al que se le agregaron dos nuevas declaraciones de Sosa en sus redes sociales en las que ironizaba si el búnker del candidato presidencial de LLA, Javier Milei, quedaba en «Juncal y Uruguay», que es la esquina donde se encuentra ubicada la vivienda de la vicepresidenta, donde fue atacada el 1 de septiembre de 2022.
En otra publicación, Sosa manifestaba: «Dejaremos nuestra sangre en las calles con tal de llevar a Milei a la Casa Rosada».
«Estas dos expresiones, proferidas con posterioridad a la presentación del escrito de esta parte, vuelven aún más imperiosa la producción de las medidas de prueba allí solicitadas», reclamaron.
Grabois también
El dirigente social Juan Grabois realizó este lunes una presentación judicial por su parte en la que denunció a Leonardo Franco Sosa por «intimidación y amenazas» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y responsabilizó a los candidatos de La Libertad Avanza Javier Milei y Victoria Villarruel por usar a esta organizaciones como «su brazo parapolicial».
«En el día de la fecha, un día en el que se realizan elecciones presidenciales de vital importancia para el futuro de nuestro país el nombrado Sosa continua utilizando sus redes sociales para intimidar a la población y amenazar directamente a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner», dice el texto de la denuncia dada a conocer por Grabois a través de su cuenta de X.
Si Milei y Villaruel se pretenden parte del orden democrático deben garantizar que individuos procesados por delitos contra la seguridad pública cobijados en la estructura de LLA no operen como su brazo parapolicial. El juez Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita deberían dejar… pic.twitter.com/uoiGogzM3p
— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 22, 2023
«Si Milei y Villarruel se pretenden parte del orden democrático deben garantizar que individuos procesados por delitos contra la seguridad pública cobijados en la estructura de LLA no operen como su brazo parapolicial», advirtió Grabois en el posteo donde acompaña la denuncia y agregó que «el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita deberían dejar de imitar a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo en su obsceno juego de complicidad con la violencia política».
En la denuncia también recuerda que «Sosa, al igual que sus consortes de causa Basile, Morel y Guerra en su calidad de responsables de la organización Revolución Federal -presuntamente financiada por el grupo Caputo Hnos S.A.-fueron procesados por llevar a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor y queriendo incitar a la violencia colectiva».
Aclara asimismo que con los antecedentes que constan en la investigación sobre Revolución Federal «Se ha demostrado que es una organización de ultraderecha, financiada por uno de los grupos».
Finalmente, insta a al juez para que se certifiquen los links, y se remita a la División de Ciber Delitos de la Policía Federal para «realizar un resguardo de la integridad de la cuenta denunciada, como así también dispongan las medidas necesarias para la verificación de las cuestiones aquí expuestas».
