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Luego que el Tribunal en lo Criminal N°3 dictaminara restringir el acceso a los periodistas y a los familiares de los imputados, que son 30, durante las audiencias de la causa Pibes Villeros, cuando a partir de este jueves o la semana que viene comiencen los testimonios, los abogados defensores expresaron su repudio a la medida.
Los defensores denunciaron que las juezas “cambiaron las reglas de juego. Ahora según la justicia penal jujeña los juicios son orales, legales, secretos, clandestinos e ilegítimos”, dijo Alberto Nallar, quien integra la defensa técnica de Lucio Abregú, ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. En diálogo con El Submarino Diario, el letrado se preguntó “qué deben esconder, qué no tiene que saber la ciudadanía de Jujuy sobre esta causa”.
Cabe destacar que el Tribunal en lo Criminal N°3 comenzó la audiencia de este miércoles tras una espera de tres horas por problemas de salud de una de las imputadas, Mirta Guerrero, quien en el último semestre fue operada tres veces por una hernia en la zona abdominal y nunca pudo hacer un correcto postoperatorio por responsabilidad del Servicio Penitenciario y la justicia penal de la provincia.
“Shakira” luego de ser revisada por tres profesionales de la salud, regresó al salón Vélez Sarsfield, donde escuchó la continuidad de la lectura de la requisitoria fiscal, que señala a unas 30 personas acusadas e imputadas de los delitos de fraude al estado provincial por más de 60 millones de pesos, en el expediente judicial conocido comúnmente como Pibes Villeros. Varios están acusados de los delitos de asociación ilícita y extorsión.
Los abogados de Guerrero, Facundo Vargas Durán y Andrea Urzagasti, solicitaron en diversas oportunidades prisión domiciliaria para una mejor recuperación en el postoperatorio, pero le fue denegada en tres oportunidades.
Antes de que fuera examinada por la doctora Molina del Poder Judicial y la doctora del SAME Sonia González, mientras cruzaba caminando a una sala contigua, se dirigió a los presentes y levantó su camisa, exhibiendo una cicatriz que le atraviesa el estómago y dijo «tengo una hernia, estoy recién operada y así me tienen».
Apenas comenzada la audiencia, el Tribunal conformado por María Alejandra Tolaba, como presidente de trámite, y las vocales Ana Pérez Rojas y Cecilia Sadir, resolvieron prohibir la participación de la prensa durante los testimonios y solo podrán hacerlo en la etapa de alegatos y sentencia.
Juicio secreto
Las juezas argumentan que «es lógico no permitir el acceso a la prensa ni tampoco de elementos técnicos que permitan grabar o transmitir audiencias, puesto que la declaración de un testigo no puede afectar la de los otros».
En otro tramo de los considerandos, la resolución manifiesta que «en cumplimiento de la obligación de velar para que las actividades se desarrollen en un ambiente de orden, permitirá el acceso de familiares de los encartados y público en general, en un número de 16 personas por día y por orden de llegada, en razón de las limitaciones de espacio físico», cuando en el lugar entrar en forma cómoda unas 150 personas y se olvidaron que los periodistas pueden usar papel y lápiz. Un grupo de periodistas, entre ellos los responsables de El Submarino, presentaron una nota para cambiar la sentencia judicial, pero el Tribunal la rechazó.
Tras el tenso momento que se vivió, el abogado de Milagro Sala, Matías Duarte, planteó la impugnación de la resolución del Tribunal de prohibir el ingreso de periodistas, porque interpreta que “afecta severamente los principios de un proceso penal”.
“Es decir que solo hay dos opciones para regular la publicidad: o es un juicio a puertas cerradas o es un juicio a puertas abiertas, un juicio donde el principio de publicidad opere perfectamente”, dijo Duarte, quien no se olvidó del avasallamiento del derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, además de cercenar el derecho al trabajo, que tiene todo ciudadano o ciudadana.
En este marco, afirmó que la interpretación que hizo el tribunal no se corresponde con los principios propios de un proceso. Citó luego al artículo 18 de la Constitución Nacional y otros de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana, que se refieren al tema.
Por otro lado, tras calificar de “inédita” la resolución, señaló que la prohibición del ingreso de la prensa y el uso de elementos tecnológicos “genera una violación al principio de publicidad”.
Sobre la limitación a 16 personas que impone la resolución de las juezas, comentó: “Con solo contar la cantidad de imputados, se advierte que ni siquiera alcanzaría para los familiares o algún conocido de ellos que quiera saber qué sucede”.
Para remarcar relevancia de este juicio en ese sentido, repasó que en el requerimiento del juicio se hace mención a que es, precisamente, un juicio de interés público. “Inclusive está presente el titular de la Oficina Anticorrupción, es decir que se quiere difundir que estos delitos están vinculados a la corrupción, mientras se prohíbe que la prensa recoja diariamente. Es una contradicción”, manifestó.
“Toda esta situación afecta el derecho de nuestra defendida a las garantías de debido proceso y no podemos darnos la licencia de impedir que toda la sociedad de Jujuy sepa lo que suceda aquí”, resumió.
El tribunal respondió así el pedido presentado el pasado 18 de julio por Luis Paz, abogado integrante de la defensa de Milagro Sala, para que se garantizara la acreditación e ingreso de periodistas a las veinte audiencias que tomará este juicio.
Fundó la solicitud en el interés público que despierta el proceso judicial y el derecho a la libertad de información consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporados a la Constitución Nacional. También había pedido que se permitiera a los periodistas grabar o transmitir las audiencias a través de dispositivos como cámaras, grabadores o celulares.
