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El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) – Vía Campesina y el Frente Agrario Evita denunciaron el robo «descarado» de rollos de quina, cebil, quebracho y palo blanco, entre otros, en el paraje Maíz Gordo, a 50 km al este de la localidad de Palma Sola. La denuncia formal contra un empresario se presentó hace más de una semana pero no hubo ninguna actuación. El sábado salieron tres camiones cargados con madera y las familias que viven en el lugar hacen guardia para evitar que sigan desmontando.
El sábado pasado, Orientadores Territoriales Comunitarios del MNCI fueron al lugar, convocados por las familias que viven en ese territorio. «Hicimos una inspección ocular y constatamos que se abrió una picada de unos 5 kilómetros y vimos salir tres camiones repletos de madera», relató a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Anastasia García, coordinadora en Jujuy del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
La funcionaria explicó a qué se denomina «picada»: «Imagine el monte lleno de árboles, con muchas variedades, y una máquina desmontadora que entra y en un ancho como de cualquier calle o un poco más, va destruyendo todo».
«Mientras caminábamos, íbamos pisando arena removida que, si hay una lluvia, se la lleva toda. Eso es totalmente degradante para el territorio, que es un territorio muy frágil. Si a ese monte se le saca la cobertura arbórea, pasa a ser un desierto. Es muy grave lo que sucede», advirtió.
Los tres camiones repletos de inmensos rollos de madera salieron del territorio «en las narices de la Policía Rural», luego de que la empresa desmontadora rompiera el candado de entrada al paraje campesino.
Las familias que habitan el lugar desde 1935 hicieron denuncias la semana anterior, pero hasta el momento no hubo ninguna respuesta. A través de un comunicado, desde el MNCI advierten que el gobierno provincial «creó la policía rural para perseguir a familias campesinas e indígenas, pero no para cuidar el monte ni los parajes campesinos».
La denuncia es contra Daniel Gurrieri, alias Tacho, por sustracción de madera en peligro de extinción y de manera ilegal, porque usurpa terrenos privados para lograr su cometido. Aseguran que este empresario es pariente del intendente de Caimancito, que tiene el mismo nombre.
Interviene la Fiscalía Ambiental y Delegación Fiscal Nº 4, a cargo de Mariana Subelza, y el Comando de Prevención Rural y Ambiental, a cargo del subinspector Miguel Oyarzu y el preventor subcomisario Pablo Montoya.
Hasta ahora, no hubo ninguna respuesta a la denuncia. «No hubo ninguna actuación, no hay respuesta ni de la policía, ni de la justicia ni del área de Medio Ambiente», señaló García, y explicó que ese ministerio debería informar si hay algún pedido de permiso de desmonte, y en ese caso «hay que ver si la desmontadora tiene los papeles en regla y si se hizo un informe de impacto ambiental».
Por estas horas, las familias que habitan en el territorio buscan frenar los camiones manteniendo guardias en el portón que volvieron a cerrar. El temor, afirma García, es que la empresa «tome represalias contra estas personas que están poniendo el cuerpo en el lugar».
