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Mariana Vargas, defensora de los detenidos en Jujuy tras la represión policial ordenada por el gobierno de Gerardo Morales, denunció que existe «una doble persecución» sobre quienes protestaron el 20 de junio pasado contra la reforma constitucional jujeña porque, además del proceso penal, a algunos se les «imponen multas contravencionales”.
«Se intenta dar cierta legalidad a la quita de derechos, como el hecho de participar de una manifestación y recibir cárcel; muchos de los detenidos (ya liberados) tienen procesos contravencionales y eso implica que por la misma conducta se persigue tanto en la justicia (federal) como en la contravencional”, expresó la letrada jujeña en declaraciones radiales.
Los expedientes fueron iniciados por el Juzgado Contravencional de Jujuy e involucran «a todos los detenidos y a quienes no fueron detenidos» en los incidentes y represión policial del 20 de junio último en inmediaciones de la Legislatura provincial, entre ellos dirigentes sociales y gremiales, en un número aproximado a «90 personas».
“Sin haber sido filmados en ninguna situación complicada, por el simple hecho de ser dirigentes y haber convocado a la movilización ahora se los persigue con la contravencional”, indicó.
En tal sentido, Vargas sostuvo que “hay una doble persecución por la misma conducta lo que está prohibido por la Constitución Nacional” y, por esa razón, adelantó que presentará una «acción de inconstitucionalidad» ante el Superior Tribunal de Justicia la semana próxima.
«La provincia primero plantea cuestiones penales que son, en realidad, una cuestión reservada del Congreso de la Nación, por lo tanto, tenemos desde el vamos una inconstitucionalidad», enfatizó.
A modo de ejemplo, explicó: «Si hay una absolución o un sobreseimiento cómo puede ser que un juzgado administrativo de (Gerardo) Morales lo esté condenando por las conductas que fueron sobreseídas en fuero penal y que dicen que no existió el hecho o la conducta de tal persona».
«Hay un gran absurdo», advirtió.
A principios de julio, la Multisectorial contra la reforma constitucional denunció la aplicación de «sentencias exorbitantes e intimidatorias» por supuestos delitos contravencionales y que, por ejemplo, tuvo entre los condenados a una persona con retraso madurativo, a quien se le impuso 42 días de trabajo comunitario.
Al día siguiente, esa misma persona fue sobreseída por los incidentes ocurridos en inmediaciones de la Legislatura jujeña.
