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Por la Asamblea de Comunidades de la Cuenca del Guayatayoc
Las comunidades de la Cuenca de Guayatayoc denuncian que se avanzan en nuevos proyectos mineros, minería a cielo abierto y explotación de Litio, que afecta gravemente la vida actual en territorio y ponen en riesgo la vida de las futuras generaciones de la zona.
El tema fue tratado el pasado 19 de enero, durante una de la Asamblea de Guayatayoc, espacio organizativo que nuclea a comunidades de la Ruta 79 de la Puna Jujeña. Se inició la jornada con un análisis histórico de la relación entre minería y colonización, saqueo y extractivismo versus autodeterminación como pueblos originarios.
Se realizó una reflexión sobre el tipo de minería impulsado por el gobierno de la provincia, que beneficia a grandes empresas capitalistas, con métodos más contaminantes, de menores costos y un empleo mínimo de fuerza de trabajo, que a su vez no genera trabajo genuino de calidad y en condiciones de salubridad laboral, sino más bien son empleos esporádicos y precarios, que ni siquiera respetan los derechos laborales.
En este marco se analizó la contaminación minera que ya existe en la puna por los pasivos ambientales, desechos que dejaron las explotaciones mineras, residuos tóxicos depositados en escombreras y diques de cola, impacto ambiental negativo que no ha sido remediados ni por las empresas ni por el gobierno.
La depredación que dejan a su paso las empresas mineras, mientras el gobierno oficia de lobbista de las multinacionales y el poder judicial hace la vista gorda, es palpable en Mina Aguilar como en Mina Pirquitas, Mina Pan de Azúcar, Mina Bélgica, Fundidora Metal Huasi, etc.
En muchos de estos casos se cuentan con estudios científicos y denuncias ante la justicia que demuestran los efectos de la minería, como es por ejemplo el caso de la contaminación comprobada de aguas para consumo en Casagrande y contaminación del río Yacoraite, que desemboca en el Rio Grande de Jujuy, ambas producidas por mina El Aguilar. Ante este panorama de contaminación ambiental y saqueo imperialista de recursos naturales, el gobierno promueve una nueva etapa de minería más extractiva y contaminante. Como es el caso de la Multinacional Glencore, que administra la compañía El Aguilar, que pretende avanzar hacia nuevos territorios con proyectos que afectarán directamente a comunidades sobre la Ruta 79 y a comunidades del departamento de Humahuaca.
Al tomar conocimiento de los avances en su territorio, miembros de la asamblea expresaron el accionar de las empresas, que ingresan a los territorios sin permisos, para ver, estudiar que riquezas existen y luego aparecen con emprendimientos mineros ya presentados al gobierno.
Afirman que “las empresas creen que pueden entrar en nuestra casa, sacar fotos, hacer un proyecto, sin ser autorizados y luego nos lo vienen a querer mostrar?” Denunciando así que tales proyectos, no poseen participación de las comunidades, violando lo que prevé el Convenio 169 que dice : ”Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera(…)deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.»
Dentro de la misma línea se analizó el actual concurso que está realizando el gobierno provincial, ofertando grandes extensiones de territorio violando el derecho a la Autodeterminación de los pueblos originarios: “Concurso de oferentes para la prospección geológica, exploración y factibilización de proyecto minero en las zonas exclusivas de interés de J.E.M.S.E. en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama – provincia de Jujuy ,para el desarrollo de proyectos mineros ,principalmente de litio» que profundizarán la actividad extractiva y contaminante en ecosistemas que tienen millones de años, y el actuar sobre estos provocarían nuevamente un grave daño ambiental y cultural, no solo para los habitantes de la región, sino para el acceso a bienes comunes que representan nuestros salares.
Las comunidades de pueblos originarios de la puna y quebrada integrantes de esta asamblea de Guayatayoc exigen que se respete su territorio, y estos proyectos ponen en peligro los modos de producción, la salud y la vida. Por ello se decidió realizar presentaciones a la Secretaria de Minería y a la Secretaría de medio ambiente de Jujuy, manifestando una vez más el desacuerdo con los proyectos de mega minería.
Ya que, con el avance en los planes de explotación de las mineras en nuevos puntos de la provincia, como también con la continuidad de la actitud entreguista de los gobiernos de turno que no hacen más que ofertar tierras para la explotación minera, se está violando el territorio, los derechos de los pueblos originarios y el derecho de todos los habitantes de la provincia a gozar de un ambiente sano y acceder a los bienes naturales comunes.
