Estela Díaz y Mara Brawe, coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se reunieron con el secretario de Seguridad y el subjefe del Servicio Penitenciario,
Tras visitar a Milagro Sala en su nuevo lugar de detención, que fue calificado por el propio juez Pablo Pullen Llermanos como una “prisión sui generis”, Mara Brawer y Estela Díaz se reunieron con Miguel Ángel Singh, secretario de Seguridad de Jujuy, y Jorge Martín Llapur, subjefe del Servicio Penitenciario, ante quienes denunciaron que Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, detenidas en el marco de causas que involucran a la Tupac Amaru, están padeciendo en el penal de Alto Comedero un hostigamiento similar al descripto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su dictamen en el que concluyó que Milagro Sala no podía permanecer en ese establecimiento.
Exigieron además que se garantice la vida y la seguridad de las cuatro detenidas y la renuncia del jefe de la Unidad, Pedro Vilte, como así también el desplazamiento de las oficiales Castro, Farfán y Prieto, a quienes responsabilizaron de dejar zonas liberadas para que se produzcan las agresiones.
Brawer y Díaz tramitan en tanto una reunión con funcionarios nacionales para manifestarles la preocupación sobre la situación de detención de las personas privadas arbitrariamente de su libertad en Jujuy. Por su parte, los abogados Ariel Ruarte y Paula Álvarez Carreras presentaron un hábeas corpus ante la jueza Mónica Cruz Martínez, del Juzgado de Violencia de Género.
Los hechos
El alerta se encendió el pasado jueves, cuando una de las presas avisó por teléfono desde la cárcel que la tarde anterior, tras haberse retirado las visitas, sufrieron una requisa muy violenta.
Una de ellas, Mirta Rosa Guerrero, quien recientemente fue operada de una hernia, fue obligada a permanecer de pie hasta que no pudo aguantar más el dolor, comenzó a llorar y se descompensó. Recién entonces le permitieron sentarse. Al día siguiente le reprocharon al jefe de la unidad el trato recibido. Guerrero pidió que la trasladaran a la Fiscalía para hacer la denuncia, pero se lo negaron.
A Graciela López tampoco le permitieron hacer una denuncia sobre una agresión que sufrió el domingo de parte de una interna de apellido Miranda, que la insultó y amenazó. Miranda ya había agredido a Milagro Sala en un día de visitas cuando se encontraba junto a su familia y, según la dirigente social, había recibido dinero de parte del gobierno para hostigarla. Desde la partida de Milagro Sala, esa mujer comenzó a hostigar a las compañeras de militancia de la dirigente social, incluso con amenazas de muerte.
Otro episodio que tuvo ampllia difusión fue el intento de suicidio de una interna de apellido Puma, una mujer boliviana que habla muy poco español, ya que su lengua materna es el quechua. Mientras estuvo detenida en el penal, Milagro Sala asumió con ella una actitud protectora, integrándola y defendiéndola de los ataques de otras presas. En las últimas semanas, la mujer se mantenía aislada y con signos de depresión.
Fue ese mismo domingo cuando Graciela López, mientras compartía el almuerzo con su madre, fue a buscar a Puma, pero no la encontró. Solo había una oficial, que no dejó que Puma fuera con López. Al rato empezaron corridas por parte del personal penitenciario y otras internas: Puma se había intentado ahorcar. El SAME le practicó los primeros auxilios y la trasladó al hospital. Por la noche regresó al penal.
Al momento de iniciarse las corridas, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la cárcel, con policías fuertemente armados que apuntaban desde afuera a las mujeres alojadas en la unidad que estaban con sus visitas, generando una situación de temor.
La preocupación
Fue a partir de tomar conocimiento de estos hechos que el Comité por la Libertad de Milagro Sala gestionó la reunión con los funcionarios provinciales. En el encuentro, Brawer y Díaz reclamaron que no les permitieron a Guerrero y López hacer las denuncias respectivas. Fue recién entonces que los funcionarios ordenaron que se las trasladara a la Brigada de Investigaciones donde les tomó la denuncia el fiscal Darío Osinaga Gallacher.
«Cuando hablan del penal de mujeres del Alto Comedero, los funcionarios parecen estar hablando de la mejor cárcel del mundo -comentaron Brawer y Díaz al salir de la reunión-. Insisten con una visión respecto a la conflictividad de las presas de la Tupac porque organizan y defienden contra los abusos a las otras internas. Les reafirmamos que tenemos visiones confrontadas, ya que para nosotros son presas políticas y gran parte de los problemas existentes devienen de su negativa en reconocerlas como tales. Les aclaramos además que los reclamos no tienen que ver con la infraestructura del penal, que no fue cuestionada, sino sobre el trato que reciben las internas y el hostigamiento sistemático al que son sometidas, tal cual lo vivió Milagro allí y ha sido reconocido por la CIDH».
Remarcaron además que estos días las detenidas «no han querido salir de sus celdas siquiera para buscar comida, porque temen ser atacadas por otras presas que cuentan con el aval de algunos oficiales de la Unidad, que parecen dejar zona liberada de actuación a las presas para agredir a las compañeras de Milagro».
«Nos vamos con la misma preocupación con la que llegamos porque no nos han dicho de qué manera van a garantizar la integridad física de las compañeras”, señalaron.
“En menos de un año se produjeron dos asesinatos en el penal de hombres de Gorriti. Es el Estado el responsable de garantizar la vida de quienes están a su disposición en el servicio penitenciario y es inadmisible que una interna en el Penal de Alto Comedero haya llegado a colgarse. Es claro que no hay garantías sobre la integridad de quienes están allí alojadas y es urgente que se tomen medidas al respecto”, concluyeron Brawer y Díaz.