Por hechos considerados «gravísimos en términos éticos y administrativos», denunciaron a la conducción del Colegio Profesional de Psicólogos de Jujuy (CPPJ) por contrataciones y otras decisiones administrativas que se realizaron «sin seguir el procedimiento reglamentado».
«Se trata de actos administrativos que implican manejo de presupuesto y toma de responsabilidades institucionales sin la correspondiente aprobación por parte de la mitad más uno del Consejo Directivo y por Resolución de éste», explicó el denunciante, Néstor Martiarena, a El Submarino Diario, y recordó que «por hechos similares, la presidenta y vicepresidente de la anterior gestión fueron inhabilitados por tres años para ejercer cargos en el Colegio».
En la nota presentada ante la titular del Tribunal de Ética del CPPJ, Elena Montes, Martiarena -quien es fiscal del CPPJ- detalla varios hechos «para que de manera urgente se investiguen».
El primer cuestionamiento es por haber contratado a una persona para que se hiciera cargo de la comunicación institucional por un monto mensual que excedía el que cobraban el abogado y la contadora del Colegio. Por otro lado, dicha contratación, asegura la denunca, se hizo sin cumplir con los plazos establecidos por las normas de la institución. Esa misma persona, además, fue la encargada de organizar en 2020 una celebración con un presupuesto de 200 mil pesos y al año siguiente una campaña por el Día del Psicólogo, sin que se hayan rendido las cuentas correspondientes.
Al mismo tiempo, ese último evento se realizó «en un local no habilitado por las autoridades municipales y sin la Resolución de autorización de la Policía de la Provincia corriendo el riesgo la institución de ser sancionada con abultadas multas por el Juez Contravencional al tratarse de una Fiesta Clandestina durante la pandemia», afirma la denuncia.
Otra irregularidad detallada por Martiarena se refiere a la finalización del contrato del abogado del Colegio, «por medios irregulares», es decir, a través de una «comunicación de whatsapp» y «sin mediar Resolución del Consejo Directivo».
En suma, el pedido es para que se realice una auditoría contable «para determinar fehacientemente los movimientos dinerarios carentes de rendiciones de cuentas y los posibles efectos legales que de ello se desprenda» y que se sancione a quien haya sido responsable de esos desmanejos.
El próximo 18 de febrero habrá elecciones para renovar la composición del Consejo Directivo del CPPJ.