La diputada del PTS-Frente de Izquierda Natalia Morales, integrante de la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género participó del informe presentado por la secretaria de Paridad de Género, Soledad Sapag, en la Legislatura jujeña. También estuvo la titular de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo (Dipec), Ana Juárez Orieta.
Morales, luego de la reunión afirmó que “la provincia de Jujuy adhirió hace más de 5 años a la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sancionada en 2009, sin embargo, los presupuestos son muy pocos, están muy por detrás de lo indispensable para que pueda ponerse en ejercicio la protección de las mujeres. Sapag afirmó en la comisión que manejan un presupuesto de un poco más de 10 millones de pesos este año, similar al del 2017, y la mayoría se va en cubrir los salarios y alquileres. Afirman que no hay más presupuesto mientras tanto el estado provincial subsidia y beneficia con exenciones o rebajas impositivas a las corporaciones mineras de Jujuy”.
“Jujuy es la segunda provincia con tasa más alta de femicidios en el país, no obstante, el gobierno de Gerardo Morales destina escasos recursos para la política de género, como se ve en la Secretaría de Paridad de Género que cuenta con sólo 80 trabajadoras y trabajadores, todos precarizados, con salarios de pobreza, como los $8500 que cobran algunas de ellas con contratos de locación de obra. ¿Cómo puede ser posible que ante los alarmantes casos de femicidios la provincia cuente con sólo 5 refugios para las mujeres que sufren violencia de género, y con el cupo mensual de 40 subsidios de $6.000 del programa nacional “Hacemos Futuro” para las mujeres víctimas que no tienen ningún ingreso económico? Esta situación deja en desamparo a muchas mujeres que son víctimas, y que no tienen ni sustento económico ni material para encontrar una salida a la situación”, afirmó Natalia Morales.
Para finalizar, la diputada adelantó que “vamos a presentar en la provincia un proyecto que estamos elaborando para establecer un Plan Nacional de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que contempla licencias y traslados en lugares de estudio y trabajo, subsidios para todas las mujeres víctimas mayores de 16 años que no cuenten con ingreso económico o no pueden volver a su residencia, la disponibilidad de equipos profesionales interdisciplinarios para la víctima y sus hijos e hijas, y la creación de refugios transitorios y la posibilidad de acceder a un plan de viviendas en el corto plazo y a tasa cero. Así como lo dijimos frente al derecho al aborto legal y la educación sexual integral, el Estado y sus instituciones no pueden seguir dando la espalda a las mujeres, ante problemáticas tan acuciantes que pone en riesgo la vida de las mismas”.