Desde la Fundación Hospital de Niños de Jujuy denuncian que el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, busca derivar el servicio de diagnóstico por imágenes a la empresa privada de la cual es socio. El médico pediatra Roberto Aranzamendi, fundador de la FHNJujuy, relató en diálogo con El Submarino Radio (91.5) los hechos que derivaron en un conflicto que, de acuerdo a su opinión personal, puede terminar con la anulación del convenio que mantiene le Fundación con el Estado. «Si los aparatos pasan a manos del Estado, no van a ser administrados eficientemente, o lo serán por un breve plazo, y en dos o seis meses estarán fuera de servicio. Y todo pasaría a los centros privados», afirmó el pediatra.
«El ministro, en sus reiteradas apariciones públicas brinda información sesgada e inexacta, y hace quedar a la Fundación como una entidad que no tiene piedad, que le cobra a los indigentes. Eso está muy lejos de la realidad», afirmó Aranzamendi, e interpretó que «este conflicto fue desencadenado por él mismo, con un conflictos de intereses, porque él es propietario de un centro privado de diagnóstico por imágenes».
Actualmente, la Fundación realiza 42 tomografías y 24 resonancias magnéticas por día. La FHNJujuy se fundó en 1990 con dos fines específicos: promover el desarrollo de subespecialidades pediátricas en el Hospital de Niños Héctor Quintana y comprar el equipamiento necesario para realizar esa tarea. «Hablamos de cardiología, neurología, gastroenterología y cirugía especializada, una serie de especialidades que saliendo de la crisis de 1989 el Estado no tenía cómo encarar, ni para capacitar a los profesionales ni para comprar el equipamiento necesario», relató Aranzamendi.
Durante años, la FHNJujuy se dedicó a recaudar fondos que fueron destinados a aparatología.
El consejo administrativo de la Fundación se renueva cada dos años. Aranzamendi aclaró que sus miembros son ad honorem y «son gente de bien que nunca sacó provecho político de esa función social que algunas personas podrían usar como plataforma de lanzamiento para alguna candidatura a algo».
Rifas, cenas, tarjetas navideñas y torneos de paddle fueron algunas de las actividades con las que la Fundación reunía los fondos necesarios para sostener y enriquecer su tarea. En el año 2000 compró el primer tomógrafo que se instaló en un hospital público de Jujuy, con recursos propios. «Fue durante la gestión de Raúl Siufi, Luis María Crochi y Lidia Federico, que pusieron sus propios bienes como garantía personal para el crédito de la compra de ese aparato costosísimo y la construcción de la planta física», repasó el pediatra.
El primer convenio que la Fundación firmó con el gobierno provincial fue ese mismo año, por el cual comenzó a hacer todas las tomografías a los niños internados y ambulatorios del hospital sin cargo. En el caso de pacientes con cobertura, la obra social paga el servicio, «porque había que pagar el tomógrafo, el mantenimiento y el trabajo de los técnicos y profesionales que manejan el tomógrafo y hacen los informes», explicó Aranzamendi.
El excedente se fue usando en el hospital, hasta que en 2008 la Fundación construyó la Casa Quintana. «Se invirtieron 250 mil dólares en esa casa que es un lujo, que tienen diez habitaciones, salón de juegos, salón comedor. Allí se alojan hasta 20 madres que tienen internados a sus hijos en el hospital, a veces con sus hijos cuando tienen que permanecer algunos días más para hacerse controles posteriores al alta», detalló el médico.
Fue en 2008 cuando la FHNJujuy firmó un convenio con el entonces ministro de Salud, Víctor Urbani. Como la Fundación había actualizado el equipamiento, instaló el tomógrafo anterior en La Quiaca, donde contrató un técnico con sueldo y vivienda. Desde allí se envían, aún hoy, las tomografías online a los especialistas en San Salvador de Jujuy. A cambio de ese servicio, Urbani cedió a la Fundación la gestión y administración de los aparatos nuevos, un tomógrafo y un resonador. «Lo hizo por todos los antecedentes de transparencia y eficiencia, de gran servicio a la comunidad», remarcó Aranzamendi.
El convenio, firmado por diez años, entró en vigencia en noviembre de 2009, que fue cuando los dos aparatos comenzaron a funcionar. En él se fijan las obligaciones del Estado y de la fundación, y se estipula a quién y cómo se cobra el servicio. Nació entonces «una estructura muy costosa», describió el pediatra: 12 técnicos contratados en blanco, cuyos sueldos son pagados por la Fundación, y un seguro de mantenimiento preventivo de los aparatos, que cuesta 350 mil pesos por mes, que en caso de desperfecto permite tener un técnico dentro de las 24 horas, para que en ningún momento el tomógrafo deje de funcionar. «Sin ese seguro, el técnico podría tardar tres semanas en llegar y el aparato queda parado», explicó Aranzamendi. Además la Fundación sostiene un servicio de guardia permanente, el único en su tipo.
«Nosotros cumplimos todas las obligaciones que fija el convenio, a diferencia del Estado, que desde 2016 dejó de pagar las cargas de helio, el gas que se le pone al resonador cada cuatro meses», señaló Aranzamendi. Cada carga, en 2016, costaba 300 mil pesos, que se pagan en dólares. Se sumaron entonces los incumplimientos: tres cargas en 2016, tres en 2017 y una en 2018. A precio actual, son unos 4 millones de pesos. «El Estado no pagó ninguna carga. Me pregunto qué hubiera pasado si esos aparatos hubieran estado a cargo del Estado», advirtió el médico. La respuesta es sencilla: el resonador no estaría funcionando.
-¿Cómo se inició el conflicto actual?
-Voy a hablar a título personal, no es la opinión oficial del Consejo de Administración, aunque creo que la comparten. Yo creo que hay intereses, que el señor ministro quiere que estos aparatos pasen a mano del Estado, con lo que volveríamos a la situación del año 1999. En ese momento yo era médico de guardia de terapia intensiva, lo fui durante 30 años, y otros compañeros de terapia intensiva pueden testiguar lo mismo. El sistema no tenía tomógrafos, los estudios se hacían en los centros privados.
-¿Quién pagaba el servicio cuando se hacían los estudios en los centros privados?
-Se cobraba a las obras sociales. Y se cobraba a los indigentes. Y si te pedían más de diez tomografías, no te las hacían. Yo mismo viví una situación dramática cuando este mismo ministro se negó a autorizar un estudio en su centro porque faltaba la firma de la presidenta de la ONG que nos bancaba en ese momento para hacerle la tomografía a un niño que se estaba muriendo. Para hacer el estudio tuve que ir con una escribana y labrar un acta de constatación, que tengo en mi poder, y recién hizo la tomografía cuando vio que se estaba haciendo esa acta. El niño lamentablemente murió al día siguiente. Esto es frecuente: si no están al día, no te hago la tomografía.
-¿Qué puede pasar si no se mantiene el convenio con la Fundación?
-Mi hipótesis personal es que si los aparatos pasan a manos del Estado, no van a ser administrados eficientemente, como no lo eran antes, o lo serán por un breve plazo y después no habrá plata para cargar el helio, no habrá plata para el seguro, y en el corto plazo, dos o seis meses, estarán fuera de servicio, no permanentemente sino periódicamente.
-¿Y dónde se harían las tomografías en ese caso?
-En los centros privados. Eso significaría un gran daño para la población. Además, tendríamos que despedir a 12 personas, porque nos ahogarían financieramente, porque nuestra principal fuente de recursos es el servicio de los aparatos. Tendríamos que cerrar la Casa Quintana, también. Nosotros tenemos todo administrado con una trasparencia absoluta, presentamos todos los balances en el Tribunal de Cuentas, por lo tanto no hay nada que discutir.
-El conflicto se inició con una carta documento que les envió el ministerio. ¿Cómo fue eso?
El 3 de septiembre recibimos una carta documento, que tengo en mi poder, donde intiman a la Fundación a entregar las instalaciones en un plazo de 60 días, y en caso contrario inician acciones judiciales. Como si fuésemos delincuentes. En realidad, mandó esa carta documento pensando que el convenio terminaba este año, pero finaliza en 2019. Nosotros le respondimos con otra carta documento, y recién después de eso citó a las autoridades de la Fundación. Ahora dice que quiere negociar algunas cláusulas, como ignorando que había mandado esa carta donde prácticamente nos rescindía el contrato. Ahora cambió el discurso porque quiere ajustar algún punto. Dice que está defendiendo a los indigentes, cuando nosotros a los indigentes no les cobramos sino que los estudios que les hacemos a los indigentes los paga el Estado un 30 por ciento menos de lo que cobran los centros privados. Eso dice el convenio.
-¿Cómo termina todo esto?
-No lo sé. Creo que este ministro es un hábil comunicador, insiste con argumentos falaces, niega una parte de la realidad, nunca dice que nos manó esa carta documento, por eso nosotros la hemos viralizado por los medios que podemos. Él ahora plantea que quiere renegociar algunos puntos, pero esa renegociación no corresponde hacerla ahora sino el año que viene. Por otro lado, estoy absolutamente seguro de que el año que viene nos liquida, porque al vencer el convenio él puede renovarlo o no. Nosotros hacemos una defensa pública de nuestro trabajo, informando a la población sobre lo que está pasando. La Comisión Directiva actual ha solicitado una reunión con el gobernador para que escuche las dos versiones, la del ministro y la de la Fundación. Yo le pido a la población que entre a la página de la fundación, que vea todo lo que hacemos, que vean los balances, las listas de equipamientos que hemos comprado desde el año 1990, porque está detallado año por año. Ahí hay también una forma de aportar a través de tarjeta de crédito, desde sumas modestas a importantes.
-¿Se imaginaba que con el nuevo gobierno cambiarían tanto las cosas?
-Nosotros estamos viviendo esto con mucho dolor porque estábamos pensando en nuevas inversiones, en actualizar equipos y mandar los actuales a algún hospital del interior. Estábamos evaluando la compra de un equipo de urodinamia para el sector de Urología del hospital, que es costosísimo, y mandar profesionales a especializarse. Actualmente, todos los niños que necesitan estudios tienen que irse a Tucumán o Buenos Aires. Teníamos tres proyectos de compras de diferentes equipos pero ahora hemos paralizado todo porque tenemos que guardar dinero para indemnizar a los 12 empleados, si esto revienta el año que viene, porque la Fundación los tiene en blanco y a su nombre.