En un comunicado oficial, el Foro Permanente de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad afirma que el Gobierno nacional “incumple con las pautas y medidas fundamentales que sostienen el funcionamiento del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad”
Desde el Foro denuncian que “es inviable sostener los servicios destinados a las Personas con Discapacidad con un desfasaje superior al 70% en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas y que “es responsabilidad indelegable del Estado Nacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida”, ya que “de no revertirse esta situación de manera urgente, los servicios seguirán colapsando uno a uno, dejando a miles de Personas con Discapacidad sin la atención que por derecho les corresponde”.
“Estamos apoyando la Ley de Emergencia en Discapacidad, que la Cámara de Diputados va a tratar mañana. Convocamos a que estén allí para apoyar el tratamiento e incentivar a los diputados que vean más allá de algunos intereses políticos la realidad del colectivo de las personas con discapacidad que ven en riesgo el ejercicio de sus derechos”, concluyó el licenciado.
¿Qué establece el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad?
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: Se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: El proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
- Fortalecimiento institucional: Se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Transparencia y rendición de cuentas: El Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Compensaciones económicas: El proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): Se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: Se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
- Cumplimiento del cupo laboral: Reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.