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Este miércoles, la justicia contravencional reinició las audiencias del juicio que comenzó el gobierno de Jujuy contra trabajadores, militantes y dirigentes sociales y gremiales, por participar de una protesta social durante la apertura del periodo de sesiones legislativas del 2018, que finalizó con represión policial, heridos y detenidos.
La CTA.-T en un documento público denuncia que “el gobierno de Gerardo Morales reinicia el juicio contravencional cuando día a día aumentan el descontento generalizado de la ciudadanía, las organizaciones sociales inician un plan de lucha por una navidad con trabajo y sin hambre; los sindicatos estatales reclaman aumentos salariales; cuando la oposición política pide rendiciones de cuentas, por ejemplo”.
El reinicio de las audiencias se realiza, una vez más, en instalaciones del Instituto de Seguridad Pública (ISSP), en una clara demostración del estado policial que Morales instaló en la provincia desde que asumió, afirma la CTA-T.
“El juez contravencional, José Matías Uztarez Carrillo, filo militante radical nombrado, reveló es silenciar con las multas a los dirigentes, trabajadores y militantes, con multas que superan los 360 mil pesos, por el solo hecho de protestar, que es un derecho de raigambre constitucional”.
Finalmente, “las intenciones de Morales, son las de castigar y tratar de acallar las voces de quienes no le permitirán seguir con tarifazos, congelamiento salarial, negociados y cárcel a los presos políticos de Jujuy; en un juicio, que aparentaría ser otra muestra de la parcialidad de la justicia de Jujuy”.
