Los letrados advirtieron que «ni desde la fiscalía ni desde el juzgado se notificó a Guerrero y a Jaldin de manera formal en sus domicilios reales sobre la existencia de un pedido de comparendo, habiéndose enterado de manera circunstancial por las declaraciones del jefe de la Brigada de Investigaciones hecha ante medios radiales y televisivos».
En esas declaraciones, el policía relató que se había allanado un galpón de la organización para proceder a su detención, lo que no constituye notificación válida, aseguraron los abogados.
Por esta razón, «atenta la ausencia de conocimiento cierto y de notificación legal, resulta infundado hablar de una situación de fuga o entorpecimiento de la investigación como se pretende hacer creer», señaló, Fernando Barea, uno de los letrados.
Según explicaron, la causa que originó el pedido de detención de Guerrero y Jaldín fue una denuncia por una presunta violación de domicilio en la fábrica de bloques que posee la organización y por supuestas amenazas.
Los denunciantes son ex cooperativistas de la Tupac Amaru que, luego de reunirse con Gerardo Morales, procedieron a retirarse del acampe, «y con posterioridad tomaron la fábrica bloquera que se encuentra en el barrio de la Tupac Amaru en Alto Comedero y pertenece a la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru», relataron.
El día de los presuntos hechos denunciados, Jaldin y Guerrero estaban en el interior de la fábrica junto a los cooperativistas limpiando el lugar y organizando el trabajo, ya que la fábrica había permanecido cerrada producto del acampe que se inició en la Plaza Belgrano el 14 de diciembre. Mientras se encontraban en el lugar, llegó este grupo de ex tupaqueros «de manera prepotente y obligaron a retirarse a los trabajadores del lugar».
Según indicó el otro abogado, Ariel Ruarte -quien es además diputado provincial del Fuyo-, «difícilmente hayan podido estas personas violar un domicilio, ya que se trata de un establecimiento fabril que posee la organización».
«Por el contrario, la situación fue al revés: los denunciantes -que no poseen ningún tipo de autorización para apoderarse de esas instalaciones como si fueran propias- ingresaron y amenazaron a quienes se encontraban organizando el lugar para iniciar las tareas habituales», explicó.
Los abogados encuadran esta nueva denuncia contra integrantes de la Tupac «en una clara vocación de persecución política» hacia quienes integran la organización «y se encontraban poniendo en condiciones las instalaciones de la organización en lugar de actuar contra quienes pretenden usurpar la fábrica que es de la institución».
«Si bien en un primer momento en asamblea los compañeros decidieron no radicar una denuncia contra quienes hasta hacía pocos días habían permanecido en la organización, la misma será radicada y se probará que quienes han cometido un delito al usurpar el lugar fueron los denunciantes», adelantaron.