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El Centro de Profesionales de Derechos Humanos de Jujuy (Ceprodh) denunció que el pedido de la fiscal Silvia Del Valle Farall para la elevación a juicio oral y público de la causa que inició contra miembros del sindicato azucarero de Ledesma y un periodista representa «la lisa y llana negación del derecho a huelga, el derecho al libre ejercicio de la profesión y el derecho al acceso a la información».
Rafael Ariel Vargas, Roberto Perea, José Ángel Soruco, Ricardo David Aguilera, Pablo Ariel Lembo son los integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) que, junto a Miguel López, periodista de La Izquierda Diario, colaborador de El Submarino Diario y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fueron imputados por la fiscal del delito de turbación de posesión por los hechos ocurridos en agosto de 2015, cuando trabajadores del complejo fabril ocuparon un sector de la planta y luego cortaron la Ruta Nacional 34, en el marco de las paritarias salariales.
El accionar de la fiscal, advierte el Ceprodh, representa la lisa y llana negación del derecho a huelga, el derecho al libre ejercicio de la profesión y a la libertad de prensa, así como también los derechos de expresión y acceso a la información, todos ellos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
«Esta situación se torna más grave -advierte- tratándose de una parte acusadora que representa la violación sistemática de los derechos humanos y derechos democráticos esenciales de todo Estado de serecho, como lo es el grupo económico Ledesma».
