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La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández denunció que los agentes de la Policía de la Ciudad que participaron el sábado pasado del operativo en el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner portaron balas de plomo, lo que está prohibido por ley en los casos de manifestaciones públicas.
Según contó en una publicación en sus redes sociales, la legisladora recibió a testigos que estuvieron esa jornada en la concentración convocada en el barrio de Recoleta, quienes relataron que «a un policía de primera línea se le cayó un estuche con 28 balas de plomo y dos cargadores».
En medio de la movilización del sábado pasado en apoyo a la Vicepresidenta, cuando fueron corridas las vallas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzaba a empujar con sus escudos a las y los manifestantes, a uno de los agentes que estaba en la primera línea se le cayó un estuche con dos cargadores con 32 balas de plomo.
Integrantes del Frente Patria Grande levantaron los cartuchos pensando que eran balas de goma, pero al abrirlos horas más tarde vieron que eran de una pistola 9 milímetros. Se los llevaron a la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández quien, a raíz del despliegue y la ofensiva policial que incluyó espionaje, había presentado uno de los primeros amparos. Las municiones fueron entregadas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
La presentación en la Anmac se hizo para que los cargadores y las balas queden bajo “resguardo provisorio” del organismo. La denuncia se presentaba este jueves ante la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm). Ambos organismos están obligados por la ley 25.938 a elaborar un informe que se aproxime a determinar el origen de los cargadores y las balas, explicó al diario Página/12 Nicolás Rechanik, el abogado que representa a Ofelia Fernández.
En el acta de la Anmac se deja constancia del ingreso de “un cargador calibre 9 mm Parabellum con la inscripción P.B CAL. 9 PARA – MADE IN ITALY”. Detalla otro cargador con la misma descripción y “32 municiones calibre 9mm Parabellum”.
«La ley de la Policía de la Ciudad es muy clara y establece, en el capítulo quinto de uso de la fuerza directa en concentraciones públicas, que el personal no está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal», precisó Fernández en el video que hizo público.
En efecto, el artículo 99 de la ley 5688 que establece el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires dice expresamente: “No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes”. También dice que los uniformados deben «otorgar preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados” en concentraciones o movilizaciones. También dice, en el siguiente artículo, que deben portar “una identificación clara”.
Fernández señaló que el hallazgo de los cartuchos y las municiones «demuestra una vez más la profunda ilegalidad de la que estuvo teñida todo el operativo policial» y anticipó que este jueves realizará la denuncia correspondiente ante la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados.
Lo que faltaba para confirmar la ilegalidad del operativo del sábado pic.twitter.com/uZVK47qbom
— Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) August 31, 2022
«Así como reprimieron, así como decidieron quién entraba y quién no a la casa de Cristina, ahora resulta que la Policía cargaba balas de plomo, cosa que está prohibida, y encima se le caen al piso», advirtió.
Consideró también que «lejos de garantizar la seguridad de nadie, estaban garantizando que sea un episodio de peligro para la mayoría», tras lo cual dijo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «tiene que dar explicaciones porque los días pasan».
«Pusieron a la policía a cumplir tareas netamente políticas y de manera muy irresponsable», manifestó. Fernández fue una de las promotoras de los amparos presentados ante el juez Roberto Gallardo para solicitar el retiro de las vallas dispuestas por el Gobierno porteño en las cercanías del domicilio de la Vicepresidenta.
