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Denuncian que un decreto de Morales «quita derechos y criminaliza los reclamos salariales”

El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) de Jujuy, junto a otros dirigentes opositores denunciaron hoy que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, emitió un decreto que “criminaliza los reclamos salariales y sociales” al impedir que los jujeños «puedan ejercer un derecho democrático» y “los amenaza con aplicarles multas y sanciones»”.

El decreto Nº8464 modificó el artículo 113 de la Ley N°5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy” para «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación», a la vez que actualiza el régimen de contravenciones y penas para respaldar facultades preventivas y punitivas.

“Este decreto sale justamente cuando hay movilizaciones de la docencia jujeña que viene hace varios días con un plan de lucha en toda la provincia al cual se sumaron diversos sectores no solo de la administración pública”, dijo la futura diputada provincial y actual convencional constituyente del FIT-U Natalia Morales.

La dirigente denunció que este decreto “es parte de un accionar del Ejecutivo para impedir esas grandes movilizaciones con sanciones y amedrentamiento lo cual es bastante grave”.

El decreto Nº8464 se conoció en medio de la protesta que llevan adelante los docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado y hoy volverán a movilizarse en reclamo de recomposición salarial y contra la reforma constitucional que, según sostienen los sindicatos que los representan, «quita derechos”.

En su artículo 1º refiere que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

“En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, agrega.

También refiere a que cuando los protagonistas hicieren caso omiso a dicha intimación, el representante del Departamento Contravencional, los intimará para que de inmediato procedan a dispersarse para restablecer el orden y la normal circulación vehicular y peatonal.

“Pretenden atacar a los sectores que están en las calles. Además, amenazan con dejar cesante a los empleados públicos, inhabilitarlos, y quintuplican las multas con penas de hasta 8 millones de pesos por ejemplo”, indicó Natalia Morales.

También dijo que “se está sacando el derecho a la defensa porque no se notifica al juez a cargo, entonces interviene directamente la justicia penal incorporando en el marco de estas sanciones y multas a sectores sindicales, partidos y organizaciones”.

En el mismo sentido, el diputado nacional del FIT-U Alejandro Vilca, sostuvo que el decreto de Gerardo Morales «es totalmente inconstitucional, ilegal, pero sobre todo totalmente impracticable. ¿Ponerle multas a 50 mil personas? Imposible».

También por sus redes sociales, la convencional constituyente del Frente Justicialista, Amelia de Dios, afirmó: “Este decreto no tiene antecedentes en democracia” y con ello “todos somos delincuentes expuestos a multas, cesantías, inhabilitaciones y hasta delitos penales por salir a defender legítimos derechos”.

“Estás no son las reglas de la convivencia y la paz social, estas son las reglas de un gobierno hipócrita que le queda poco de democrático, que aprieta, amenaza, persigue y estigmatiza”, añadió.

La diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos) opinó en su cuenta de Twitter: «Este tipo está loco! solo a una dictadura puede sacar un decreto así» con lo cual «nos van a meter a tod@s presos en Jujuy, echará a todos los empleados que reclamen».

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