Por El Submarino Jujuy. La reciente iniciativa de la diputada provincial Daniela Vélez (PJ) para crear un «observatorio de denuncias falsas» ha reavivado un debate que, para los organismos internacionales y la evidencia estadística, ya está resuelto.
A nivel nacional, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió dictamen favorable al proyecto de la senadora Carolina Losada que propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por falsas denuncias.
Mientras el discurso político intenta instalar la idea de un sistema judicial colapsado por engaños, los datos muestran una realidad opuesta: el verdadero problema no es la falsedad, sino la infradenuncia y la violencia extrema.
Una anomalía marginal
A nivel global, la incidencia de denuncias falsas en delitos de género es estadísticamente insignificante. Los sistemas con mediciones más precisas arrojan cifras contundentes.
En España, la Fiscalía General del Estado registra que entre 2009 y 2024, solo el 0,0082 % de las denuncias terminaron en condena por falsedad, mientras que el Crown Prosecution Service de Gran Bretaña sitúa la cifra en un 0,037 %.
En América Latina, estudios avalados por ONU Mujeres coinciden en que estas situaciones representan menos del 1 % de los casos registrados.
En contraste, la infradenuncia -es decir, la falta de denuncia de casos de violencia de género y abuso sexual- es el obstáculo real para la justicia.
Datos de la ONU indican que hasta 3 de cada 4 mujeres que atraviesan situaciones de violencia no llegan a realizar la denuncia, principalmente por desconfianza en el sistema y miedo a la revictimización.
«En vez de promover la denuncia, promueven el silencio», advirtió la abogada feminista Mariana Vargas. En un posteo en su cuenta de Facebook, señaló: «Desde la experiencia compartida con el movimiento de mujeres, y habiendo sido querellante en numerosos casos de femicidio en nuestra provincia -siendo la mayoría de las victimas madres- podemos afirmar que las mujeres no mintieron sobre la existencia de violencia machista. No mintieron si denunciaron, y callaron si no lo hicieron».
El peligro de desviar el foco
La creación de mecanismos para «observar» denuncias falsas a pesar de que no representan un problema sistémico, genera consecuencias directas sobre la seguridad de las mujeres. En concreto, tiene un efecto disuasorio porque refuerza el miedo de las víctimas a no ser creídas, alejándolas de las comisarías y juzgados.
Además, invisibiliza la violencia extrema que implican los femicidios. «No es cierto que el problema sean las denuncias falsas, y lo decimos con cientos de nombres propios, uno por día podemos nombrar, porque una mujer es asesinada en ese lapso en nuestro país por el hecho de ser mujer», advierte Mariana Vargas.
«El problema -plantea la abogada- es qué se hace o qué no se hace cuando la violencia aparece.»
En 2024, la CEPAL registró al menos 3828 femicidios en América Latina. En Argentina, el promedio histórico se ha mantenido estable en torno a un femicidio cada 30 a 35 horas. Según los datos consolidados de los últimos años, la cifra anual suele oscilar entre las 240 y 270 víctimas fatales.
De acuerdo al Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá, durante el primer trimestre de 2026 se registraron en todo el país 73 femicidios, uno cada 29 horas, y 263 intentos de femicidio.
En Jujuy, la situación de violencia de género presenta tasas por encima de la media nacional en relación a su población. Según datos registrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y observatorios locales, la provincia registra un promedio de entre 6 y 12 femicidios por año.
Al analizar la tasa de femicidios cada 100 mil mujeres, Jujuy ha ocupado históricamente los primeros puestos del ranking nacional. Y en años críticos como 2020 o 2023, llegó a duplicar la tasa promedio del país.
Al igual que en el resto del país, un porcentaje significativo de las víctimas en Jujuy, cerca del 30 %, ya había acudido a las autoridades o contaba con medidas perimetrales que resultaron insuficientes.
Ignorar la gravedad de estas cifras para centrar el debate en el ínfimo porcentaje de denuncias dudosas desvía recursos y atención política de la emergencia real.
El argumento de que «se denuncia por despecho» cae ante la contundencia de los hechos: entre el 40 % y el 70 % de las víctimas de femicidio a nivel internacional habían buscado ayuda o denunciado previamente sin obtener una respuesta efectiva.
Evidencia vs. narrativa
Sostener que las denuncias falsas son un problema mayoritario no constituye una opinión política válida, sino un desconocimiento deliberado de la evidencia empírica.
Más allá de que la falsa denuncia, en términos generales, ya está prevista como delito en el Código Penal vigente, la implementación de proyectos que priorizan el control de la veracidad de la víctima por sobre el fortalecimiento del sistema de protección solo contribuye a profundizar la impunidad y a debilitar la confianza en las instituciones democráticas.
El desafío de la justicia no debería ser perseguir fantasmas estadísticos, sino garantizar que quienes se atreven a denunciar no terminen formando parte de las listas de femicidios.
